La investigación por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado sumó nuevos elementos y volvió a poner al ministro de Salud, Mario Lugones, bajo la lupa. El expediente que tramita en la Justicia Federal de La Plata analiza el accionar de funcionarios y exfuncionarios de organismos sanitarios y busca determinar cómo se tomaron las decisiones relacionadas con los laboratorios involucrados.
Un nuevo capítulo en la causa por el fentanilo contaminado
La causa judicial investiga las muertes provocadas por la utilización de partidas de fentanilo contaminado vinculadas a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente ya alcanzó a exautoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), mientras los investigadores reconstruyen la cadena de decisiones que permitió la circulación del producto.
Entre las últimas medidas se encuentra la detención de Nélida Agustina Bisio, exjefa de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas quedaron involucradas en la investigación por su presunta responsabilidad en los controles y decisiones adoptadas frente a las irregularidades detectadas.
Los mensajes que mencionan a Mario Lugones
Uno de los elementos que generó mayor repercusión dentro del expediente es un intercambio de mensajes entre las exfuncionarias. En uno de los chats, Bisio le consultó a Mantecón Fumadó si correspondía avanzar con el cierre de un laboratorio y mencionó que “Mario” estaba preguntando por la situación.
El mensaje fue interpretado por los investigadores como una referencia a Mario Lugones, aunque la determinación de responsabilidades corresponde a la Justicia.
La declaración de Mantecón Fumadó también ubicó al ministro dentro del circuito de información. Según su testimonio, las decisiones relevantes relacionadas con los laboratorios eran comunicadas al titular de la cartera sanitaria. La exfuncionaria sostuvo además que Lugones había impulsado el cierre del establecimiento investigado.
Qué investiga ahora la Justicia
El juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta avanzan sobre las actuaciones de los organismos de control y buscan establecer quiénes intervinieron en las decisiones adoptadas antes y después de las primeras alertas sobre el fentanilo contaminado.
El expediente también analiza la posible responsabilidad de funcionarios y empresarios vinculados con los laboratorios involucrados en la producción y comercialización de las partidas cuestionadas.
La investigación ya relaciona el caso con más de un centenar de muertes, mientras distintas medidas judiciales buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los actores involucrados.
El Gobierno respalda a Lugones
Las nuevas menciones al ministro generaron preocupación dentro del Gobierno, aunque la Casa Rosada mantiene por ahora su respaldo a Lugones. Según trascendió, el oficialismo sigue de cerca la evolución del expediente y evalúa el impacto político que podrían tener nuevas revelaciones.
El avance de la causa representa un escenario delicado para el Ministerio de Salud, debido a que ANMAT y el INAME se encuentran bajo su órbita. Por eso, la Justicia busca determinar si existieron fallas individuales o si hubo responsabilidades dentro de la estructura de control sanitario.
Una investigación que todavía puede escalar
El caso continúa abierto y todavía no existe una definición judicial sobre la responsabilidad penal de Mario Lugones. Las referencias que aparecen en chats y testimonios forman parte de los elementos que los investigadores deben contrastar con el resto de la evidencia.
Mientras la Justicia profundiza la investigación, el Gobierno sostiene al ministro en su cargo y espera que el expediente permita establecer con precisión cómo se produjo la contaminación, qué controles fallaron y quiénes tuvieron responsabilidad en las decisiones que precedieron a la tragedia.
