El STJ rechazó la cautelar del Colegio de Abogados contra la reducción de la feria judicial
El Superior Tribunal de Justicia de San Luis rechazó el pedido del Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis (CAPSL) para suspender la aplicación de la ley que redujo los períodos de feria judicial. El Tribunal entendió que la entidad no aportó elementos suficientes para demostrar, en esta instancia, que la norma vulnera derechos o garantías constitucionales.
La resolución, firmada el 18 de noviembre, no cierra la discusión sobre la reforma. En el mismo fallo, los ministros declararon formalmente procedente la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio y ordenaron correr traslado al Poder Ejecutivo por 30 días para que responda.
La controversia gira en torno a la Ley IV-1174-2025, que redujo a dos semanas la feria judicial de enero y a una semana el receso de mediados de año. El Colegio presentó la demanda el 1 de julio de 2026 y solicitó, además, una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma hasta que exista una sentencia definitiva.
Por qué rechazaron la cautelar
En los fundamentos, el Superior Tribunal sostuvo que la suspensión de una ley sancionada por la Legislatura exige un análisis especialmente estricto, porque una decisión de ese alcance puede afectar el principio de división de poderes.
Uno de los argumentos centrales del Colegio sostiene que la organización del calendario judicial y la determinación de los períodos de feria son facultades propias del Poder Judicial. Sin embargo, los ministros señalaron que el régimen anterior también había sido establecido por una ley del Poder Legislativo. Por eso, consideraron que la sola invocación de una intromisión en las atribuciones del Poder Judicial no alcanzaba para acreditar, de manera provisoria, la verosimilitud del derecho.
El fallo también examinó los planteos sobre el impacto de la reducción de la feria en las licencias, las condiciones laborales, el descanso y la vida familiar de quienes trabajan en el sistema judicial. Para el Tribunal, esas consecuencias fueron expuestas como hipótesis y no estuvieron respaldadas por informes técnicos, médicos o dictámenes de organismos especializados.
En particular, observó que el Colegio no acompañó documentación que permitiera demostrar los efectos que atribuyó al nuevo régimen sobre la mora judicial y el funcionamiento de los tribunales.
Los jueces aclararon que esas consideraciones no implican desconocer los derechos invocados ni afirmar que la ley sea constitucional. El rechazo responde a que, en el marco limitado de una medida cautelar, no se acreditó uno de los requisitos necesarios para suspender su aplicación.
La demanda seguirá su curso
Además de rechazar la cautelar, el Superior Tribunal declaró su competencia para intervenir en la causa y consideró formalmente procedente la demanda de inconstitucionalidad. Ahora, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para contestar la presentación. La resolución también ordenó notificar al gobernador, al Poder Legislativo y al Fiscal de Estado.
El pronunciamiento no resuelve los cuestionamientos de fondo del Colegio, que sostiene que la reducción de la feria afecta las facultades de superintendencia del Poder Judicial, la independencia de ese poder y los derechos laborales de los abogados y demás operadores del sistema.
Por su parte, el CAPSL anunció que recurrirá el rechazo de la medida cautelar y continuará con la acción judicial.




