El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo previsto para que las empresas puedan provisionar recursos destinados al pago de indemnizaciones. La Resolución 1276/2026 estableció qué instrumentos financieros podrán integrar estos fondos y fijó límites para reducir los riesgos de las inversiones.
La medida fue publicada mientras la administración de Javier Milei mantiene noviembre de 2026 como fecha prevista para la entrada en vigencia del sistema, después de haber prorrogado su implementación para evitar un mayor impacto sobre la recaudación.
El nuevo esquema genera expectativas entre especialistas del mercado, aunque también plantea interrogantes vinculados con la rentabilidad, la liquidez y la capacidad fiscal necesaria para ponerlo en marcha.
En qué podrá invertirse el dinero del FAL
La reglamentación establece que los recursos del Fondo de Asistencia Laboral deberán permanecer dentro del mercado argentino. Quedan excluidas las inversiones en moneda extranjera y los activos emitidos fuera del país.
Los fondos podrán destinarse a cuatro grandes grupos de instrumentos:
- Deuda emitida por el Estado nacional.
- Títulos de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central.
- Obligaciones negociables de empresas privadas emitidas en Argentina.
Los activos deberán estar denominados y pagarse en pesos.
Además, los instrumentos privados y provinciales deberán contar con autorización de oferta pública, negociación en mercados habilitados por la Comisión Nacional de Valores y una calificación AAA otorgada por al menos dos calificadoras autorizadas.
Límites para evitar una concentración excesiva
La norma también establece porcentajes máximos para distribuir las inversiones y reducir la exposición a un único activo, emisor o jurisdicción.
Un FAL podrá destinar hasta el 15% de su patrimonio a depósitos en una misma entidad financiera. En deuda provincial y de la Ciudad de Buenos Aires podrá invertir hasta el 15%, con un máximo del 5% por jurisdicción.
En el caso de las obligaciones negociables, el límite general será del 20%, mientras que ningún emisor podrá representar más del 10% de la cartera. Para los instrumentos vinculados al dólar, el máximo será del 10%.
La reglamentación también exige mantener al menos un 10% del patrimonio en activos líquidos y con bajo riesgo de mercado. Ese porcentaje podrá estar compuesto por depósitos a la vista, plazos fijos precancelables o letras del Tesoro Nacional de corto plazo.
Qué ventajas ven los especialistas
Para Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, el principal objetivo de estos fondos no debería ser maximizar ganancias, sino preservar el valor de los recursos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
El especialista destacó que la exigencia de calificaciones AAA, los límites por emisor y las reglas de diversificación buscan reducir el riesgo crediticio y evitar una concentración elevada de las carteras.
También valoró el piso de liquidez del 10%, porque permitiría contar con recursos disponibles ante situaciones de estrés financiero.
Otro aspecto destacado es la prohibición de que los fondos administrados por bancos inviertan en instrumentos emitidos por esas mismas entidades o por compañías vinculadas, salvo determinadas excepciones operativas.
El principal problema: menor rentabilidad
La misma regulación que busca reducir riesgos también limita las posibilidades de obtener mayores rendimientos.
Según Botto, el requisito de contar con activos AAA reduce el universo de inversiones disponibles y puede generar una dependencia mayor de la deuda del Tesoro. Además, las restricciones dificultan estrategias más agresivas para aprovechar movimientos de tasas, inflación o tipo de cambio.
La imposibilidad de invertir libremente en activos en moneda extranjera también reduce las alternativas para proteger el capital frente a escenarios de volatilidad cambiaria.
Qué riesgo seguirá teniendo la empresa
Marcelo David, director de la sede regional de La Plata del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (Iadef), consideró que el FAL puede aportar previsibilidad a las compañías al transformar el costo eventual de una desvinculación en una provisión periódica.
Sin embargo, advirtió que la creación del fondo no elimina la responsabilidad final del empleador. Si el rendimiento de las inversiones queda por debajo de la inflación o los recursos acumulados resultan insuficientes para cubrir una indemnización, la diferencia continuará a cargo de la empresa.
Por eso, el mecanismo funciona como una herramienta de previsión financiera, pero no como una transferencia completa del riesgo indemnizatorio.
La duda que persiste sobre la implementación
Más allá de las reglas de inversión, dentro del equipo económico todavía existen dudas sobre la capacidad de implementar el sistema en noviembre de 2026.
La preocupación está relacionada con la recaudación fiscal y la evolución de la actividad económica. El Gobierno ya utilizó cinco de los seis meses de prórroga que permite la normativa para postergar la entrada en vigencia del FAL.
Si necesitara extender nuevamente el plazo una vez agotado ese margen, tendría que recurrir al Congreso para modificar la legislación.
Además, todavía quedan regulaciones pendientes de la Comisión Nacional de Valores para completar el esquema operativo.
Qué implica el nuevo fondo para las indemnizaciones
La reglamentación representa un nuevo paso en la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, pero todavía no despeja todas las dudas sobre su funcionamiento.
El sistema busca que las empresas puedan anticipar y capitalizar recursos para afrontar futuras indemnizaciones, al mismo tiempo que establece fuertes restricciones sobre dónde y cómo podrán invertirse esos fondos.
El desafío estará en lograr un equilibrio entre seguridad, liquidez y rentabilidad. A esto se suma una cuestión decisiva: que las condiciones fiscales y económicas permitan poner efectivamente en funcionamiento el mecanismo previsto para noviembre.
