Una diputada bonaerense alineada con el gobernador Axel Kicillof presentó un proyecto de ley para que el Estado se encargue de la limpieza y acondicionamiento de viviendas donde ocurrieron femicidios, transfemicidios y travesticidios. La iniciativa ingresó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires el 25 de junio y apunta a brindar asistencia a las familias que atraviesan situaciones de extrema violencia.
Contexto de la iniciativa
La autora del proyecto es la diputada provincial Lucía Iáñez, integrante del bloque oficialista Fuerza Patria. La legisladora sostuvo que muchas familias deben regresar a viviendas marcadas por escenas de violencia extrema y asumir por cuenta propia las tareas de limpieza, saneamiento y recuperación de los espacios.
Según explicó, la propuesta surgió a partir de experiencias recogidas durante su trayectoria en áreas vinculadas al acceso a la justicia y la asistencia a víctimas. El objetivo es reducir el impacto emocional y económico que enfrentan los allegados de las víctimas después de un crimen de estas características.
Qué contempla el proyecto
La iniciativa establece que el Estado provincial garantice la limpieza, descontaminación, saneamiento y acondicionamiento de los inmuebles donde se hayan producido femicidios, transfemicidios o travesticidios. El beneficio alcanzaría a familiares y personas afectadas por estos hechos de violencia de género.
El proyecto ya tomó estado parlamentario y deberá atravesar el tratamiento en distintas comisiones antes de llegar al recinto para su debate. De acuerdo con la impulsora, la propuesta recibió una recepción favorable entre legisladores de diferentes espacios políticos.
Violencia de género y políticas de asistencia
La presentación ocurre en un contexto donde organizaciones y sectores políticos mantienen el debate sobre las herramientas estatales destinadas a la prevención y atención de la violencia de género. Durante las últimas semanas, distintos proyectos vinculados a esta problemática fueron discutidos en ámbitos legislativos nacionales y provinciales.
Especialistas sostienen que las consecuencias de un femicidio no terminan con la investigación judicial, sino que también impactan en la vida cotidiana de familiares y allegados, quienes deben enfrentar secuelas emocionales, económicas y logísticas derivadas del crimen.
La propuesta presentada en Buenos Aires busca cubrir una necesidad poco abordada dentro de las políticas de asistencia a víctimas. Si avanza en la Legislatura, el Estado provincial asumiría la tarea de recuperar las viviendas afectadas por estos hechos, evitando que las familias deban afrontar solas una situación de profundo impacto emocional.
