Tras una serie de protestas masivas, la movilización de jubilados frente al Congreso se ha vuelto un fenómeno recurrente en Argentina. La decisión del presidente Javier Milei de no prorrogar la moratoria previsional ha intensificado las marchas, que buscan visibilizar las consecuencias de las políticas económicas implementadas por el Gobierno, especialmente aquellas que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados.
En septiembre del año pasado, tras el veto presidencial a una nueva fórmula previsional, las protestas de los jubilados adquirieron fuerza, coincidiendo con el apoyo de legisladores del PRO y la UCR al veto. Esta situación generó gran indignación, especialmente cuando se celebró un asado en la Quinta de Olivos en honor a los legisladores que apoyaron la decisión.
La movilización de este miércoles fue organizada por el Plenario de Trabajadores Jubilados y otros colectivos, quienes exigen la restitución de los medicamentos y la atención en el PAMI, así como la ampliación de los listados y la mejora en los servicios de salud. Además, piden la reactivación de los programas de atención integral y el nombramiento de cuidadores para los adultos mayores. En su comunicado, también rechazan el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para fines especulativos y advierten sobre el vaciamiento de la ANSES.
Uno de los puntos más críticos es el fin de la moratoria previsional, que afectará a más de 243 mil personas en edad de jubilación que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios. Esto incluye a 150,000 mujeres y 93,000 hombres que, de no poder acceder a una jubilación, quedarán sujetos a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto es significativamente menor al de una jubilación mínima.
El impacto de la eliminación de la moratoria previsional es particularmente grave para las mujeres, muchas de las cuales han dedicado su vida a las tareas domésticas y no cuentan con los años de aporte necesarios para acceder a una jubilación completa. Según la trabajadora social Andrea, esta medida profundiza la pobreza en el país, al privar a una gran parte de la población de sus derechos previsionales.
La situación también se agrava con la eliminación de los medicamentos gratuitos, lo que ha llevado a un aumento de consultas en hospitales públicos por parte de jubilados que no pueden costear sus tratamientos. Esto ha sido descrito como un «genocidio por goteo», ya que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Nancy Yulán, docente jubilada, expresó que las marchas no solo buscan visibilizar la problemática de los jubilados, sino también exigir una solución ante el agravamiento de la situación. En sus palabras, la jubilación es un «salario diferido» que muchos jubilados han obtenido a través de sus aportes, y aún así deben vivir con montos mínimos, sumados a bonos congelados que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La movilización ha recibido el apoyo de la sociedad, que se ha solidarizado con las demandas de los jubilados. Yulán, junto con otros jubilados, advirtió que si no se lucha ahora, podría ser la última generación en recibir una jubilación en el país.
