El fallo reciente de la jueza Loretta Preska, que rechazó la solicitud de la ONG Republican Action for Argentina para anular la sentencia sobre el pago de u$s16.000 millones por la nacionalización de YPF, es un importante capítulo en una disputa legal que tiene un gran impacto en la economía argentina.
La decisión de la jueza, que se basa en un plazo vencido para presentar la solicitud, ha dejado claro que la fundación no cumplió con los requisitos formales establecidos para intentar anular la condena. Esto cierra, al menos por ahora, la puerta a un nuevo intento de revertir el fallo que obliga al país a pagar a las firmas Burford y Eton Park.
El caso tiene sus raíces en la expropiación de YPF a Repsol en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, un acto que generó una gran controversia internacional y llevó a la denuncia por parte de los accionistas minoritarios. La condena dictada por Preska en 2023 reconoció que el proceso de nacionalización no fue transparente, ya que no se hizo una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios de YPF, lo que fue considerado un incumplimiento de las normativas internacionales.
La postura del director de Research for Traders, Daríos Epstein, sobre este tema refleja la preocupación por la politización del asunto. El hecho de que ciertos actores usen este caso con fines políticos, al señalar que podrían «salvar» los u$s16.000 millones, ha generado una reacción enérgica, pues muchos creen que se está utilizando un tema tan delicado de forma irresponsable.
