El juez federal Martín Cormick ordenó al Poder Ejecutivo que cumpla en cinco días con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Si persiste el incumplimiento, podrían aplicarse multas por cada jornada de demora.
Intimación al Gobierno por el financiamiento universitario
La Justicia Federal volvió a intervenir en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar “efectivo cumplimiento” a la medida cautelar vigente en un plazo de cinco días.
La resolución advierte que, si la administración nacional no cumple con lo ordenado, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de retraso.
La decisión se conoció a pocos días del anuncio de una nueva marcha federal universitaria, mientras continúa el reclamo de las universidades nacionales por la implementación de la normativa sancionada por el Congreso.
Qué establece la resolución judicial
Cormick señaló que, de acuerdo con lo actuado en la causa, la medida cautelar se encuentra firme y todavía no fue cumplida en su totalidad.
Por ese motivo, ordenó al Estado Nacional que ejecute lo dispuesto dentro del plazo establecido y bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.
El conflicto judicial se relaciona con la aplicación de la Ley 27.795, cuya ejecución viene siendo reclamada por las instituciones universitarias y organizaciones gremiales del sector.
Reclamo por la recomposición salarial
Desde CONADU Histórica señalaron que, para cumplir con la ley, el incremento correspondiente debería alcanzar el 33,4%.
La organización sindical difundió la resolución judicial y cuestionó el incumplimiento de la normativa por parte del Gobierno nacional.
Antecedentes del conflicto universitario
No es la primera vez que el juez Cormick interviene en el reclamo de las universidades nacionales.
En septiembre, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a su cargo, había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En aquella oportunidad, la Justicia había ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.
Cormick sostuvo entonces que, después del rechazo legislativo al veto presidencial, el procedimiento constitucional para la sanción de la ley no contemplaba mecanismos que suspendieran su aplicación.
El conflicto continúa
La nueva intimación judicial vuelve a colocar el financiamiento de las universidades nacionales en el centro de la disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la comunidad universitaria.
El Gobierno deberá ahora responder dentro del plazo de cinco días fijado por la Justicia. En caso de no hacerlo, el magistrado dejó abierta la posibilidad de imponer multas diarias hasta alcanzar el cumplimiento de la medida.
