El empresario Hugo Larrosa, que cumplió una condena en Chile por abusos sexuales reiterados contra un trabajador de su empresa, se instaló en San Luis, donde abrió una refinería de aceite crudo en Naschel y anunció una inversión de US$5 millones. Ahora, el abogado que representó a la víctima en el juicio reveló detalles del caso y explicó por qué reclama que la Justicia argentina ejecute una indemnización que el empresario todavía no pagó.
Larrosa y su esposa, Sofía Miño, recibieron el 24 de agosto al gobernador Claudio Poggi, a la intendenta de Naschel, Valeria Khun, y a funcionarios provinciales y municipales. Durante la visita, el empresario mostró las instalaciones de AgroNasch y aseguró que el proyecto permitirá crear unos 25 puestos de trabajo directos.
Pero el desembarco en San Luis se produce mientras en Chile permanece pendiente el pago de una indemnización de aproximadamente US$110.000 a la víctima por los hechos que terminaron con su condena.
El abogado Juan Pablo López Maluenda, quien representó al trabajador como querellante, contó cómo se inició la investigación, qué elementos permitieron llegar al juicio y cuál es la situación actual del reclamo económico.
El caso que expuso a Larrosa: la «Fábrica del Terror»
Larrosa, exintegrante de la Policía Federal Argentina, quedó expuesto públicamente en 2019 a partir de un informe del programa 24 Horas, de la televisión estatal chilena TVN.
El reportaje, titulado “La Fábrica del Terror”, difundió imágenes de agresiones contra trabajadores de la empresa Don Hugo S.A.. A partir de esa publicación, López Maluenda asumió la representación de una de las víctimas. Su nombre no se publica para evitar su revictimización.
El abogado explicó que la sentencia contra Larrosa se conoció el 18 de enero de 2020 y que el empresario recuperó su libertad en 2025, gracias a beneficios carcelarios del país trasandino.
La Justicia chilena lo condenó por abusos sexuales reiterados. López Maluenda explicó que durante el proceso también quedaron acreditadas otras conductas violentas, aunque fueron consideradas dentro del delito principal por el que recibió la condena.
“Hay una especie de torturas, lesiones, maltrato, pero todo con el fin último que es el abuso. Es decir, son el medio para”, explicó el abogado.
Videos registrados dentro de la empresa
Uno de los aspectos que el querellante destacó fue el origen de las filmaciones que terminaron formando parte del caso.
López Maluenda aseguró que los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 y que las grabaciones fueron realizadas por personal de la propia empresa, por disposición de Larrosa.
“Él le encargaba a un gerente que grabara los videos, que es quien hace la denuncia. Grababa los videos en un pendrive y después los distribuía e incluso los mostraba en las fiestas de la empresa”, relató.
La denuncia del gerente y las imágenes difundidas por el programa televisivo fueron parte de los elementos que permitieron avanzar con la investigación y posteriormente con la acusación contra Larrosa.
La situación de la víctima y la condena civil
El abogado también describió la situación de vulnerabilidad en la que, de acuerdo con la acusación que llevó adelante, se encontraba el trabajador.
“Peritos psiquiátricos declararon que la víctima tenía una dependencia 100% económica. Lo que hacen este tipo de agresores, que son manipuladores, es enrollar a sus víctimas de forma tal que no pueden escaparse de él”, sostuvo.
López Maluenda señaló que el trabajador tenía una familia que mantener y una remuneración que, a su entender, dificultaba que pudiera abandonar el empleo.
“Tenía una buena remuneración y una familia que mantener, sabía que si se iba de allí no iba a tener el mismo nivel salarial que en esa empresa”, relató.
Después de la condena penal, la querella inició una demanda civil para reclamar una reparación económica. El proceso terminó con una sentencia favorable a la víctima, que estableció una indemnización cercana a US$110.000.
Sin embargo, el abogado sostiene que Larrosa todavía no pagó esa suma.
El reclamo que ahora llegó a Argentina
López Maluenda afirmó que, durante el cumplimiento de la condena, Larrosa se desprendió de sus bienes y que esa situación impidió concretar el pago de la indemnización. “Él se deshizo de todo su patrimonio con el objetivo de burlar a su acreedor”, agregó.
Por eso, inició una querella por simulación de contrato e insolvencia punible, relacionada con la enajenación de bienes mientras Larrosa estaba privado de libertad. No ha tenido avances ni hay personas formalizadas.
Ante esa situación, la querella presentó un pedido para que la sentencia civil pueda ejecutarse en Argentina, donde Larrosa reside en la actualidad.
