El gobierno de Javier Milei implementó un endurecimiento del derecho de admisión en los estadios de fútbol a través de la Resolución 321/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La nueva normativa amplía los motivos por los cuales se puede impedir el ingreso a los espectáculos deportivos, generando polémica por incluir restricciones que exceden el ámbito futbolístico.
Expansión del derecho de admisión: ¿qué cambia?
La resolución establece que podrán ser impedidas de ingresar a los estadios aquellas personas imputadas o condenadas por delitos graves, especialmente aquellos que impliquen violencia o alteración del orden público, no solo en eventos deportivos, sino también en manifestaciones o concentraciones públicas.
Además, se considerará conducta violenta no solo a hechos ocurridos en las inmediaciones de los estadios, sino también en el traslado hacia o desde el evento, o incluso en protestas y otras movilizaciones sociales.
Uno de los puntos más polémicos se encuentra en el inciso e del artículo 2, que prohíbe el ingreso a quienes «hubieren tenido conductas violentas contra las personas o las cosas o que afectaren la seguridad, el tránsito vehicular o el orden público, ya sea de manera individual o en el marco de una manifestación».
Impacto inmediato y críticas
La resolución entra en vigencia de manera inmediata y se aplicará a cualquier persona que asista a un evento deportivo desde su publicación. Esto ha generado críticas en diversos sectores, ya que se interpreta como una maniobra para restringir la participación en manifestaciones populares, como la que está prevista este miércoles por la tarde en apoyo al reclamo de los jubilados.
Asimismo, se han sumado cuestionamientos respecto a la inclusión de delitos vinculados a drogas en la prohibición de ingreso a los estadios, en referencia a la Ley 23.737.
Repercusiones y reacciones
Diferentes organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de hinchas han expresado su preocupación ante la nueva medida, argumentando que esta ampliación del derecho de admisión podría ser utilizada para reprimir la protesta social y limitar el acceso de los hinchas a los estadios de manera arbitraria.
Por otro lado, desde el gobierno defienden la resolución como una herramienta clave para mejorar la seguridad en los eventos deportivos y prevenir incidentes violentos.
El debate está abierto y se espera que en los próximos días haya nuevas declaraciones por parte de los sectores afectados y de la propia administración de Milei.
