Un profesor de una escuela secundaria de la ciudad de San Luis irá a juicio acusado de un intento de abuso sexual y amenazas coactivas contra una alumna que tenía 14 años al momento del hecho. El episodio habría ocurrido en 2024 dentro del establecimiento educativo. La Fiscalía pidió una pena de tres años de prisión.
La elevación a juicio fue dispuesta por el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, durante una audiencia de control de acusación. El magistrado rechazó los planteos de la defensa, que había pedido el sobreseimiento del acusado o, en su defecto, la nulidad de la acusación.
La Fiscalía de Género N° 2, a cargo de Antonella Córdoba, acusa al docente por “abuso sexual en grado de tentativa, agravado por ser encargado de la educación, en concurso real con amenazas coactivas”.
La acusación contra el profesor
Durante la audiencia, la fiscal Córdoba que el profesor se acercó a la adolescente mientras se encontraba en el establecimiento educativo y le dijo que era “muy hermosa” y que podía ayudarla “en muchas cosas” si se dejaba tocar.
Luego, siempre de acuerdo con la Fiscalía, intentó besarla. La adolescente se levantó y se dirigió hacia la puerta.
En ese momento, el acusado habría tomado a la joven de un brazo y la habría amenazado: “Si le decís a alguien, te voy a hacer la vida imposible”. La adolescente logró retirarse del lugar.
La Fiscalía consideró que esos hechos constituyen un abuso sexual en grado de tentativa, agravado por la relación de autoridad derivada de la condición de profesor, además de amenazas coactivas. Por esos delitos solicitó una condena de tres años de prisión.
Qué planteó la defensa
La defensa, a cargo de la abogada Yanina Tonetti, pidió que la causa no avanzara hacia el juicio. Entre sus argumentos, cuestionó que no había podido acceder a la videograbación de la audiencia original de formulación de cargos, pese a haberla solicitado en distintas oportunidades. También sostuvo que el acta de aquella audiencia no describía los hechos con suficiente precisión y que esa situación había afectado el derecho de defensa.
La abogada también cuestionó aspectos de la investigación fiscal. Entre otros puntos, planteó que no estaba determinado cuál habría sido el comienzo de ejecución del supuesto abuso sexual en grado de tentativa y señaló que algunas personas que se encontraban en la escuela al momento del hecho no habrían declarado durante la investigación.
Con esos argumentos, solicitó el sobreseimiento definitivo del acusado o, en forma alternativa, la nulidad de la acusación por una presunta afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso.
La fiscal Córdoba pidió rechazar los planteos. Sostuvo que la acusación cumplía con los requisitos necesarios para avanzar a juicio porque describía los hechos atribuidos, identificaba al acusado, establecía la calificación legal y precisaba la pena solicitada.
La Defensora Adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez, acompañó la posición del Ministerio Público Fiscal.
El juez rechazó los planteos
Antes de resolver, el juez Montiveros Chada ordenó verificar las actuaciones relacionadas con la formulación de cargos y dispuso un cuarto intermedio para que la defensa y el acusado pudieran acceder a la documentación cuestionada.
Al retomar la audiencia, el magistrado rechazó el pedido de nulidad. Para tomar esa decisión consideró, entre otras actuaciones, una audiencia realizada en octubre de 2025 en la que el acusado había prestado declaración con asistencia de su actual defensora.
El juez concluyó que la defensa no había demostrado una afectación insalvable de sus derechos que justificara anular la acusación.
También rechazó el pedido de sobreseimiento. Explicó que para cerrar definitivamente una causa antes del juicio debe existir un grado de certeza suficiente sobre circunstancias como que el hecho no ocurrió, que el acusado no fue su autor o que la conducta no constituye un delito.
En este caso, consideró que esas condiciones no estaban acreditadas y que las controversias planteadas por las partes deberán resolverse durante el juicio, mediante la producción y el control de las pruebas.
El magistrado remarcó además que los hechos todavía no están probados y que será el debate oral el ámbito en el que se determinará qué ocurrió y la eventual responsabilidad penal del acusado.
La defensa dejó planteada la reserva de recurrir la decisión.
La causa quedó camino al juicio
Después de resolver los planteos, las partes ofrecieron las pruebas que pretenden utilizar durante el debate. El juez las admitió y dispuso la elevación de la causa a juicio.
Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá establecer la fecha del debate oral y determinar qué tribunal estará a cargo del juicio.
