Este miércoles se desarrolló una audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 3, presidido por la jueza Luciana Banó, en el marco de la causa que investiga al médico cirujano Samir Nofal, imputado por el delito de “lesiones culposas agravadas por mala praxis” tras una cirugía estética mamaria realizada a una paciente en 2021. La audiencia tenía como objetivo avanzar hacia el control de acusación y una eventual elevación a juicio oral.
Sin embargo, durante la jornada judicial, la defensa del profesional presentó formalmente un pedido de suspensión de juicio a prueba (probation), lo que modificó el eje central del debate. La solicitud fue impulsada por los abogados defensores Juan Manuel Mercau y Gabriela Gargiulo, quienes además mejoraron una propuesta presentada anteriormente ante el tribunal.
La propuesta de la defensa contempla la suspensión del proceso por el plazo de un año, la realización de tres horas semanales de tareas comunitarias en una iglesia bajo supervisión parroquial y el pago de una reparación económica de 9 millones de pesos, monto que sería abonado en tres cuotas. Según plantearon, las condiciones cumplen con los requisitos legales para acceder al beneficio.
Por su parte, los representantes de la querella, los abogados Carlos Pereyra Malatini y Aníbal Constanzo, rechazaron de manera contundente el pedido y solicitaron que la causa continúe hacia un juicio oral. Argumentaron que la compensación económica ofrecida resulta insuficiente frente a las graves secuelas que habría sufrido la paciente y los elevados costos médicos que aún debe afrontar.
Durante la audiencia, la querella sostuvo que la mujer debió someterse recientemente a una nueva cirugía reconstructiva y que todavía deberá afrontar futuras intervenciones de alta complejidad. Además, cuestionaron que el médico continúe ejerciendo su profesión mientras avanza el proceso judicial y advirtieron que conceder una probation en este caso podría implicar una “desnaturalización de la respuesta judicial” esperada ante hechos de semejante gravedad.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal Débora Roy Gitto, quien manifestó su conformidad con la suspensión de juicio a prueba. La funcionaria fundamentó su postura en la ausencia de antecedentes condenatorios del imputado, el tiempo transcurrido desde el hecho investigado y las condiciones ofrecidas por la defensa, aunque consideró que el plazo de un año podría resultar reducido.
La fiscal también aclaró que el monto económico propuesto no constituye una reparación integral del daño, sino una compensación simbólica dentro del proceso penal. En ese sentido, recordó que las eventuales indemnizaciones y la determinación precisa de los daños físicos, psicológicos y patrimoniales deberán discutirse en la justicia civil. Asimismo, advirtió que, en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, la probation podría ser revocada y la causa retomaría el camino hacia el juicio oral.
La investigación judicial se originó tras una denuncia vinculada con una cirugía de implante mamario realizada en diciembre de 2021. Según la fiscalía, la paciente sufrió graves complicaciones posteriores, entre ellas un severo proceso infeccioso, necrosis tisular, extracción del implante y secuelas físicas irreversibles. Luego de escuchar a todas las partes, la jueza Luciana Banó resolvió pasar la causa a despacho y anunció que la decisión sobre si concede o rechaza la probation será notificada próximamente.
