El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar y el fiscal federal Alejandro Alagia brindaron este jueves una clase magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de las que son profesores titulares de la cátedra de Derecho Penal. Entre las 17 y las 18.30 dictaron sus clases en las escalinatas de la Facultad con la consigna “Ganar la calle para no perder el aula” en reclamo por el recorte de los fondos.
“El propósito es alertar, a la sociedad en su conjunto, de lo mucho que se pierde frente al vaciamiento que está sufriendo la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades nacionales”, dijo Slokar, luego de participar de una jornada en la que decenas de alumnos se congregaron frente a la avenida Figueroa Alcorta.
Según pudo saber LA NACION, la iniciativa partió de distintos profesores titulares y alumnos con la intención de alertar sobre el desfinanciamiento de las universidades nacionales, que atenta contra su continuidad. “Con estas acciones, queremos salir a visibilizar la situación”, precisaron en un comunicado.
Los profesores Alagia y Slokar, también magistrados de la justicia federal, disertaron sobre las teorías del delito y el sistema de penas en la sociedad contemporánea. Antes, debatieron con sus alumnos la importancia de no dinamitar la educación pública, en la necesidad de defender su rol democratizador e inclusivo en la sociedad.
Sin aumento presupuestario para gastos de funcionamiento, y con boletas de luz y gas que crecen al 400 por ciento, no se llega a mayo, dicen las autoridades. También mencionan los salarios por debajo de la inflación. Con una inflación interanual de 287%, las universidades –al igual que tantas otras áreas del Estado– deben funcionar con el presupuesto 2023 prorrogado, dado que el presupuesto 2024 nunca se aprobó en el Congreso Nacional. .
De las partidas que reciben cada mes las universidades, cerca de un 90% se destina al pago de salarios que se renegocian a través de paritarias. Mientras que el 10% restante representa los gastos de funcionamiento, que corresponden a todos los esenciales para mantener cuestiones básicas –luz, agua, limpieza, mantenimiento y erogaciones desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico– y permanecen congelados.
De cara al ciclo lectivo 2024, las universidades públicas implementaron diversas medidas para afrontar el recorte de fondos. En algunas, incluso, los alumnos cuentan que circula la versión de que las clases serán solo hasta mayo. Los rectores de las universidades públicas nacionales, y también el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, ya informaron que no cuentan con los fondos para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones. En algunas, incluso, los alumnos cuentan que circula la versión de que las clases serán solo hasta mayo.
La Facultad de Derecho cerró por primera vez en su historia el pasado jueves 14 de marzo. El Consejo Superior de la UBA había dictado la Res. CS2024-3-E del día anterior que dispuso el cierre de aquellos edificios e instalaciones en los cuales no pueden garantizarse las mínimas condiciones de funcionamiento.
Los concurrentes destacaron la importancia de la movilización estudiantil para revertir el desfinanciamiento y cualquier medida restrictiva del acceso a la universidad pública, gratuita y de calidad.
Fuente: La Nación
