La Fiscalía de Género Nº 1 imputó a un hombre de Quines por presuntos delitos contra la integridad sexual de dos niñas y por el supuesto incumplimiento de una orden judicial.
Los cargos fueron formulados durante una audiencia por la fiscal Delia Bringas, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi. La acusación incluye, de manera provisoria, abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante e incumplimiento de una orden judicial, todo en concurso real.
La jueza de Garantía Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos bajo esa calificación.
Qué investiga la Fiscalía
De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, una de las niñas habría atravesado distintos episodios cuando tenía entre 9 y 11 años, durante visitas a su padre. La Fiscalía sostuvo que el imputado habría tenido conductas de contenido sexual hacia ella y que la habría intimidado para que no relatara lo ocurrido.
La segunda investigación comenzó a partir de una denuncia realizada en mayo de este año. La Fiscalía indicó que la niña tenía 9 años y que vivía junto a su familia en una unidad habitacional ubicada en el mismo inmueble donde residía el acusado, aunque en espacios separados.
De acuerdo con la acusación, la niña concurría al lugar donde se encontraba el hombre para buscar agua. En esas ocasiones, el imputado habría realizado tocamientos y otras conductas de contenido sexual. También habría utilizado situaciones cotidianas para acercarse a la niña y la habría intimidado para evitar que contara lo ocurrido.
La Fiscalía señaló que ambas niñas se conocían y compartieron entre ellas las situaciones que presuntamente habían atravesado.
La evidencia incorporada a la causa
Para sostener la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó denuncias y entrevistas de las madres, actuaciones policiales, informes psicológicos, registros fotográficos y planimétricos y testimonios obtenidos mediante Cámara Gesell.
La fiscalía indicó que las entrevistas realizadas mediante ese dispositivo consignaron indicadores de credibilidad narrativa en los relatos de ambas niñas. También mencionó informes psicológicos en los que se registraron manifestaciones de miedo, ansiedad e hipervigilancia.
Entre las evidencias incorporadas figura además una conversación extraída de un teléfono por el Departamento de Investigación de Delitos Complejos y el testimonio de una vecina.
La investigación todavía debe incorporar informes psicológicos actualizados y una pericia psicológica al imputado.
La jueza rechazó la prisión preventiva
La Defensoría de Niñez y Adolescencia y la querella solicitaron medidas de coerción más gravosas. La Defensoría pidió prisión domiciliaria durante 90 días, mientras que las representantes de la querella solicitaron la prisión preventiva.
La defensa, integrada por Daniel Macías y José Macías, cuestionó aspectos de la acusación y planteó objeciones sobre la precisión de algunos hechos y sobre los informes vinculados con las Cámaras Gesell.
Los abogados también rechazaron los agravantes planteados por la Defensoría y cuestionaron la existencia de una situación de guarda o convivencia con las niñas.
La jueza Dopazo Samper consideró que, en esta etapa de la investigación, no existían elementos suficientes para aplicar los agravantes propuestos por la Defensoría.
Tampoco hizo lugar a las medidas privativas de la libertad solicitadas por la Defensoría y la querella.
Qué medidas deberá cumplir el imputado
La magistrada mantuvo las restricciones de acercamiento y contacto que ya estaban vigentes para proteger a las niñas y a su grupo familiar.
Además, dispuso que el imputado deberá firmar periódicamente el libro de imputados y tendrá prohibido salir de la provincia durante 90 días.
La jueza advirtió que deberá cumplir estrictamente las medidas ordenadas y señaló que un eventual incumplimiento podría derivar en una nueva audiencia para revisar y modificar las condiciones impuestas.
La causa continúa en etapa de investigación y las calificaciones formuladas son provisorias.
