El Gobierno de San Luis demandó a la obra social bonaerense IOMA ante la Justicia Federal para reclamar una deuda de $485 millones por prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas brindadas a afiliados de esa entidad que residen en la provincia.
Fiscalía de Estado realizó la presentación, luego de que la Provincia agotara distintas instancias administrativas para intentar cobrar las prestaciones. El monto reclamado incluye intereses moratorios, compensatorios y las costas del proceso y podría aumentar durante el trámite judicial.
La ministra de Salud de San Luis, Teresa Nigra, explicó que el conflicto se originó en un convenio de reciprocidad firmado en 2001 en el ámbito del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina (COSPRA).
Ese acuerdo estableció una cápita mensual de $35 por afiliado, un valor que, de acuerdo con el Gobierno provincial, nunca fue actualizado.
Más de 13.000 prestaciones pagadas por DOSEP
El convenio establecía un mecanismo de cobertura para los afiliados de las obras sociales provinciales que residieran en otra jurisdicción.
En 2017, ambas partes acordaron modificar el sistema y pasar a un esquema de pago por prestación efectivamente realizada. Sin embargo, la Provincia sostiene que IOMA continuó enviando el monto histórico sin actualizarlo.
La situación generó un desequilibrio financiero que fue absorbido por la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP).
El secretario de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Javier Suárez Ortiz, precisó que el reclamo comprende más de 13.000 prestaciones realizadas durante los últimos años.
“DOSEP ha ido cubriendo en favor del patrimonio de IOMA y en desmedro de su propio patrimonio”, afirmó el funcionario.
Según explicó, IOMA abonó hasta ahora $1.500.000 de la deuda reclamada.
El funcionario también cuestionó que el valor de $35 establecido en 2001 haya permanecido sin modificaciones durante 25 años: “Claramente genera un enorme desequilibrio”.
Cuántos afiliados de IOMA viven en San Luis
Nigra detalló que actualmente hay 425 afiliados de IOMA que residen en San Luis, mientras que solo 24 afiliados de DOSEP viven en la provincia de Buenos Aires.
La ministra aseguró que, pese a la falta de pagos por parte de IOMA, la Provincia continuó garantizando la atención médica a los afiliados bonaerenses que viven en San Luis.
“A pesar de que el IOMA no transfiere los aportes de sus afiliados, la Provincia nunca dejó de realizar las prestaciones, nunca las cortó”, afirmó.
El objetivo de la demanda es recuperar el dinero que DOSEP destinó a cubrir esas atenciones.
Seis intimaciones antes de recurrir a la Justicia
La judicialización del conflicto llegó después de varios intentos para alcanzar un acuerdo por la vía administrativa.
Suárez Ortiz señaló que durante los últimos seis meses la Provincia envió seis cartas documento a IOMA, en las que reclamó el pago de la deuda y planteó también la rescisión del convenio. Ninguna de esas intimaciones, afirmó, recibió respuesta.
Además, en julio de 2025 DOSEP había notificado la rescisión unilateral del convenio debido a los incumplimientos que atribuye a IOMA.
Pese a esa decisión y al inicio del reclamo judicial, el Gobierno provincial aseguró que los afiliados de IOMA que viven en San Luis continuarán recibiendo las prestaciones de salud mientras avance el proceso.
La Provincia sostiene que el conflicto genera un perjuicio tanto para las cuentas del Estado como para DOSEP, debido a la diferencia entre el costo de las prestaciones brindadas y los montos que IOMA efectivamente abonó.
