En la Primera Circunscripción Judicial, el Fiscal de Juicio Fernando Rodríguez solicitó la homologación de un acuerdo de juicio abreviado para condenar a un hombre a trece años de prisión. El imputado está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud de la víctima y la situación de convivencia preexistente.
La audiencia, que originalmente daría inicio a un debate oral, se transformó en un procedimiento abreviado tras un pacto entre la Fiscalía y la Defensa. Este mecanismo legal busca la economía procesal y, fundamentalmente, evitar la revictimización de la víctima y su familia al ahorrarles la exposición de testimonios y pericias médicas en un juicio público.
Los hechos ocurrieron cuando la víctima era una adolescente de 13 años. Según la acusación, el hombre era pareja de la madre de la menor y aprovechaba las ausencias laborales de esta para perpetrar los abusos. Como consecuencia de las agresiones, la joven cursó un embarazo, situación que permitió el descubrimiento del delito y la posterior denuncia.
La contundencia de las pruebas incluye una pericia de ADN que confirmó la paternidad del imputado. Debido a la naturaleza del delito y para proteger la identidad y la intimidad de la menor involucrada, las autoridades judiciales han mantenido bajo reserva el nombre del acusado, cumpliendo con los estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Durante la audiencia, la madre de la víctima manifestó su conformidad con el procedimiento y exigió que la pena no sea inferior a los trece años de cárcel. Por su parte, el imputado reconoció su responsabilidad en los hechos y aceptó la calificación legal propuesta ante el tribunal integrado por las juezas Adriana Lucero Alfonso, Eugenia Zabala Chacur y María del Valle Durán.
Un punto clave del acuerdo es que, al tratarse de un delito contra la integridad sexual, el condenado deberá cumplir la totalidad de la pena. Esto implica que no podrá acceder a beneficios de libertad condicional, salidas anticipadas o reducción de pena, debiendo permanecer en el Servicio Penitenciario Provincial, donde ya se encuentra bajo prisión preventiva.
En el proceso también intervinieron la Fiscal de Género, Delia Bringas, y el Defensor de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, quienes velaron por el cumplimiento de los derechos de la víctima durante la transición al juicio abreviado. La defensa del acusado estuvo representada por la abogada Agustina Tobares.
Tras la ratificación del acuerdo por todas las partes, el Tribunal pasó a deliberar. Se espera que los magistrados dicten la sentencia definitiva y resuelvan la homologación del acuerdo en un plazo máximo de diez días hábiles.
