El fondo Burford Capital avanzó con una nueva estrategia judicial para el caso YPF y notificó a la Argentina su intención de escalar el conflicto al CIADI, el tribunal del Banco Mundial. La maniobra llega luego del fallo en Estados Unidos que validó la reestatización de 2012 como legal. La disputa involucra al Estado argentino, al fondo especializado en litigios y a un entramado de reclamos que podría extenderse en el plano internacional.
Nueva ofensiva tras el fallo en Estados Unidos
Burford inició gestiones ante la jueza Loretta Preska para revisar una decisión que limitaba el uso de información del expediente únicamente al proceso en territorio estadounidense. El objetivo sería reutilizar esos datos en una nueva demanda internacional.
En paralelo, el fondo insiste en que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso, aunque ese tribunal selecciona pocos expedientes al año. La reciente resolución de la Cámara de Apelaciones de Nueva York fue contundente al considerar que la expropiación de YPF se ajustó a la legislación argentina, lo que reduce las probabilidades de revertir el fallo en esa instancia.
El CIADI como alternativa
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones es un organismo del Banco Mundial donde empresas y Estados dirimen conflictos. Argentina es uno de los países con mayor cantidad de litigios en ese ámbito, en gran parte por acuerdos de protección de inversiones firmados en la década de 1990.
Aunque especialistas consideran que Burford tiene escasas posibilidades de éxito, el fondo podría beneficiarse financieramente al reactivar el conflicto. La expectativa de un nuevo juicio podría impactar en el valor de sus acciones y abrir la puerta a negociaciones extrajudiciales con el Gobierno.
Contradicciones y obstáculos legales
El planteo ante el CIADI implicaría un giro en la estrategia de Burford. En tribunales estadounidenses, el fondo sostuvo que el conflicto era contractual por el incumplimiento del estatuto de YPF. Sin embargo, en el ámbito internacional debería argumentar en términos de protección de inversiones y soberanía, lo que contradice su postura previa.
Además, surge un interrogante clave: por qué el reclamo se impulsa más de una década después de la expropiación. También existen dudas sobre la legitimidad de Burford como inversor extranjero, dado que está radicado en Guernsey y vinculado a un entramado societario que incluye actores argentinos.
El peso de los tratados de los años 90
La base jurídica de un eventual reclamo en el CIADI sería el tratado bilateral de inversiones firmado entre Argentina y España en 1991. Ese acuerdo, vigente hasta hoy, permite a inversores acudir a tribunales internacionales incluso años después de realizadas las inversiones.
Especialistas remarcan que este tipo de tratados incluye cláusulas que extienden su vigencia por una década adicional aun si son denunciados, lo que dificulta su desarticulación. La privatización de YPF en 1992 y su posterior reestatización en 2012 forman parte del trasfondo de este conflicto.
