La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional mantener los pagos del programa Volver al Trabajo para cerca de 900 mil beneficiarios. La medida fue dictada este martes por el Juzgado Federal de Campana, luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara la eliminación del plan para reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación. La decisión responde a una medida cautelar que busca evitar un impacto inmediato en sectores vulnerables.
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Fallo judicial y alcance de la medida
El tribunal dispuso que el Estado garantice la continuidad de las prestaciones económicas vigentes en un plazo de tres días desde la notificación. La orden se mantendrá hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
En su resolución, el juzgado consideró que la suspensión del programa sin una alternativa equivalente podría vulnerar derechos fundamentales. Entre ellos, se mencionaron el acceso a condiciones dignas de trabajo, la seguridad social, la salud y un nivel de vida adecuado.
Cuestionamientos al nuevo esquema oficial
El fallo también puso en duda la validez del sistema de vouchers propuesto por el Gobierno. Según el análisis judicial, este mecanismo no resulta equiparable a las transferencias monetarias que recibían los beneficiarios del programa.
El magistrado advirtió que la iniciativa oficial no asegura la cobertura de necesidades básicas, especialmente para quienes dependen de estos ingresos como principal sustento. En ese sentido, calificó la eventual eliminación del plan en las condiciones planteadas como una medida potencialmente arbitraria e irrazonable.
Riesgo social y urgencia de la decisión
Otro de los puntos centrales del fallo fue la urgencia de la intervención judicial. La finalización de los pagos, anunciada a comienzos de abril, generaba un escenario de riesgo inmediato para miles de personas que podrían quedar sin ingresos en el corto plazo.
El tribunal entendió que existía peligro en la demora, lo que justificó la adopción de la medida cautelar para preservar derechos mientras se resuelve el conflicto de fondo.
Reacciones tras la resolución
Tras conocerse la decisión, el dirigente social Eduardo Belliboni celebró el fallo y lo calificó como un revés para el Gobierno nacional. Además, destacó que la medida tiene carácter colectivo, por lo que alcanza a todos los beneficiarios del programa, y advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas.
