El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto que modifica la Ley de Salud Mental y de Prevención contra la Tortura, además de tres artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. La iniciativa introduce cambios en los criterios de diagnóstico, las condiciones de internación y externación, y el funcionamiento del sistema de atención a los pacientes.
La Asociación Argentina de Salud Mental y las Casas Pueblo de Sedronar, distribuidas en todo el país, alertaron que la norma que promueve la administración libertaria representa un avance contra los derechos de las personas.
Cambios en la Ley de Salud Mental: «Es Un grave retroceso»
«Consideramos que es un grave retroceso respecto a los avances construidos colectivamente», advirtió Daniel Expósito, coordinador general de la Casa Pueblo del Valle del Conlara, con sede en Villa de Merlo.
La ley actual «se construyó con mucho esfuerzo y la participación de todos los actores. Podemos discutir si se puede mejorar, si le faltan cosas, pero se construyó a partir del consenso», describió.
Expósito remarcó que el proyecto oficial apunta a «volver a foja cero muchos de los avances que se produjeron a partir de la ley vigente».
El cambio en las internaciones
El artículo 28 de la ley vigente establece que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios.
El proyecto de ley reemplaza ese artículo y postula que las internaciones también deben realizarse en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, y en instituciones con internación especializadas, sean públicas o privadas.
«Se reemplaza el régimen de internación. Hay un concepto que se llama riesgo cierto o inminente, que está en la ley actual, y se lo cambia por riesgo grave de daño. Esto facilita las internaciones involuntarias», explicó Expósito.
La vuelta a la lógica del manicomio
Antes de la norma actual, un juez, a pedido de la familia, podía decidir la internación del paciente. Ahora, un equipo interdisciplinario se encarga de evaluarlo antes de avanzar con ese proceso.
El proyecto propone que la firma de un médico psiquiátrico alcance para decidir una internación. En caso de que no haya un especialista disponible, también podrá hacerlo un médico generalista. «Esto es un retroceso a 50 o 70 años atrás», planteó Expósito.
El coordinador indicó que la norma promueve la vuelta de la medicalización. «Esto es volver a la manicomización, porque abre lugares específicos para gente con problemas de padecimiento mental. Si uno escarba en las decisiones que ha tomado este Gobierno, claramente esto es la vuelta a un negocio fabuloso para los laboratorios», sentenció.
