El proyecto del Gobierno provincial para modificar el Código Procesal Civil y Comercial no solucionará el problema de la mora judicial. Así lo consideró la diputada del bloque Frente Justicialista, Gloria Petrino. La legisladora plantea que la propuesta oficial es insuficiente para abordar la complejidad de la situación del sistema judicial puntano.
Críticas a la insuficiencia del proyecto de modificación del Código Procesal Civil
Petrino, legisladora por el departamento Junín, argumentó que las modificaciones propuestas son limitadas. “No es una cuestión razonable modificar tres artículos del Código que hablan de los plazos en una instancia que, cuando llegas, ya tienes 10 o 15 años litigando; no es una solución”, planteó. Para la diputada, el problema de la mora judicial es mucho más profundo que un mero ajuste de plazos en etapas avanzadas de un proceso.
El Ejecutivo presentó la iniciativa como una instancia para solucionar la “mora judicial”. Lo hizo luego de una reunión con los Colegios de Abogados de la provincia. Sin embargo, la oposición no comparte el optimismo respecto a su alcance.
Problema estructural y falta de consensos
Petrino señaló que “estamos ante un problema estructural mucho más complejo. Se deben buscar consensos y la participación de todos los actores”. La legisladora enfatizó la necesidad de un abordaje integral, que involucre a todas las partes del sistema judicial. “No ponemos en discusión la necesidad de resolver la mora judicial y los problemas de la Justicia. Lo que se discute es que se haga de esta manera”, aclaró, marcando la diferencia entre el objetivo y el método propuesto por el Gobierno.
Para ilustrar su crítica, Petrino utilizó una analogía. “Hay que trabajar para resolver el problema. Pero esto es como que tengas un auto con el motor fundido y le cambies la parrilla para resolverlo. Esto parece más que nada una cuestión discursiva”, añadió.
Fundamentos del proyecto oficial
A pesar de las críticas, el texto remitido al parlamento local, que el Gobierno impulsa, sostiene sus fundamentos en la necesidad de celeridad procesal. “La garantía del plazo razonable es esencial para asegurar la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva y para proteger a las personas de la incertidumbre y la prolongación indefinida de los procesos judiciales”, señala el documento.
El proyecto añade que “El Poder Judicial como prestador de un servicio público debe garantizar el derecho de acceso a la Justicia a través de un proceso moderno en sintonía con las exigencias de una sociedad compleja”.
