Convocados por las centrales gremiales, sindicatos y organizaciones sociales se concentraron en el centro de la ciudad de San Luis para expresar su descontento con las políticas del Gobierno de Javier Milei.
La movilización se organizó en el marco del paro nacional que realizaron la CGT y las dos CTA, en rechazo a la Ley Bases. En particular, las confederaciones se manifestaron en contra de la reforma laboral y de la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores.
La iniciativa del Gobierno de Milei tiene media sanción en Diputados y se analiza en el Senado.
En el acto frente al Correo Argentino, en avenida Illia y San Martín, los referentes de los espacios gremiales se pronunciaron en esa dirección.
Con una declaración conjunta, la Mesa Intersindical San Luis también alzó la voz contra el ajuste de la administración de Milei y los despidos.
DECLARACIÓN DE LA MESA INTERSINDICAL SAN LUIS (textual)
La política instrumentada por el gobierno nacional desde su asunción plasmada en el DNU 70-2023 y otros decretos, ha tenido como resultado, el crecimiento de la pobreza a nivel nacional en 8 puntos, condenando al 52% de la población del país a esa situación de marginalidad. Las medidas del gobierno de Milei y Villarroel, con Caputo como Ministro de Economía y Petovello en Capital “Humano” generaron 3,2 millones de nuevos pobres sólo en 4 meses.
El gobierno ha logrado, de golpe, los peores indicadores económicos y sociales históricos. Ante cada medida gubernamental, todo empeora con una velocidad inédita.
Crecen los despidos en el estado y el sector privado.
Produjeron 80 mil bajas sin causa, en los proyectos productivos y comunitarios del plan social Potenciar Trabajo, ahora dividido en dos. Hay 200 mil personas afectadas con reducción a la mitad de la remuneración por la eliminación del nexo, y el ingreso sigue congelado desde diciembre en $78 mil por 20 horas de trabajo. Mientras tanto, los precios se dispararon con un inflación del 98,2% solamente de diciembre a marzo.
El salario mínimo, vital y móvil se fijó en $234.315 para mayo, muy por debajo de los $385.049 que una familia tiene que ganar para no ser indigente.
La mayoría de los trabajadores registrados tiene salarios que no llegan a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) que mide el INDEC para un hogar de cuatro integrantes, que fue de $773,856. Esto quiere decir que la mayoría de las y los trabajadores de nuestro país están bajo la línea de la pobreza.
El capitalismo considera a la fuerza de trabajo como una mercancía más en el mercado. Una mercancía que cada persona trabajadora puede vender, y que la patronal -dueña de los medios de producción- puede comprar. El precio de esa mercancía es el salario. Con este gobierno, los precios de todas las mercancías han sido liberados en la Argentina, salvo el precio de esa mercancía llamada trabajo. Porque el presidente liberó las tarifas, los alquileres y los valores de los productos crecen sin control, pero tiene al salario controlado, aplastado, pisado. Así, mientras los precios suben por ascensor, los salarios y las jubilaciones van por la escalera. Cuando los precios están por arriba de las nubes, los salarios y las jubilaciones apenas se despegan del piso. Por esta causa, actualmente se estima que la clase trabajadora perdió, en promedio, la mitad del poder adquisitivo que tenía en noviembre.
El estado deja cada vez más personas desamparadas. Eliminaron toda entrega de alimentos a los comedores populares, pararon toda la obra pública en las barriadas, etc. La insensibilidad es atroz: han dejado de entregar la medicación a pacientes oncológicos, provocando la muerte de al menos siete personas. Hay denuncias penales por eso.
El mercado interno está destruyéndose: según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en 4 meses, las ventas minoristas cayeron un 18,7%, con rubros que bajaron hasta el 31,3% como los medicamentos. La Unión Industrial Argentina, entidad patronal de la gran empresa, denuncia una baja acumulada de 8,3% en la producción industrial sólo en el primer bimestre del año. Los monopolios exportadores que controlan la venta de granos estiman que se perderán 6.700 millones de dólares de la cosecha, por la caída de producción y precios. Para liquidar divisas quieren que se devalúe el peso.
La situación económica y social empeorará con la aprobación de la Ley Bases que incluye la eliminación del monotributo social, flexibilización laboral, privatizaciones, jubilaciones sin moratoria y elevación de la edad, impuesto al salario, y reducción de licencia por maternidad, mientras se reduce el impuesto a la riqueza, se permite el empleo informal y el despido discriminatorio, se dan beneficios tributarios y cambiarios a monopolios excluyendo PyMEs, se instrumenta el blanqueo de capitales que permitirá enjuagar dinero sucio (proveniente de la fuga, la evasión o incluso el delito).
El gobierno, que ganó las elecciones presidenciales. No las legislativas. En el congreso es minoría. Sólo tiene 38 diputados de 257 y 7 senadores de 72.
Sin embargo, mediante la complicidad de otros bloques y gracias a prebendas, aprietes y otras maniobras, logró el voto favorable de 142 legisladores en la cámara de diputados. Según lo que indica la Constitución, esos diputados deberían ser juzgados por “infames traidores a la patria”, ya que le dieron media sanción a una ley que profundiza el hambre, ataca los derechos laborales, entrega el patrimonio nacional y el saqueo de nuestras riquezas.
Menem, presidente de la cámara, hizo aprobar en general el texto, y sus diputados maniobraron para que no se discuta cada artículo en particular. Se votó por “capítulos”, logrando, con más o menos votos, la aprobación de todo el paquete. Y a cambio del voto, el gobierno ofreció públicamente fondos a las provincias.
Esta media sanción otorga al Poder Ejecutivo “facultades delegadas” por un año, es decir que Milei puede resolver, a decreto limpio, sin necesidad de pasar por el Congreso, en cuatro áreas denominadas “emergencias”: administrativa, económica, financiera y energética.
Mientras tanto, el presidente Milei en un reportaje de la BBC inglesa volvió a elogiar a Margaret Thatcher y dijo que el primer ministro británico Cameron tiene derecho a visitar Malvinas “porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido”.
Las medidas del gobierno parecen diseñadas para un país como el que soñaron los oligarcas del siglo 19. Un país sin derechos para los sectores populares, en el que sobramos veinte o treinta millones de personas.
Frente a esta situación, la Mesa Intersindical de la Provincia de San Luis, convoca a continuar la lucha. Las 3 centrales sindicales y las organizaciones sociales fuimos convocantes de la marcha del 27 de diciembre, del paro y la gigantesca movilización del 24 de enero, del paro y la marcha del 26 de febrero, de la histórica marcha universitaria del 23 de abril. Y seguimos en ese camino. Por eso, hoy estamos haciendo una nueva acción gremial en defensa propia y en defensa de la patria. La unidad hace la fuerza. La división favorece a los planes del gobierno.
• Por trabajo y en defensa de la producción nacional.
• Por la recuperación de los ingresos populares frente a la escalada inflacionaria.
• Contra la política de ajuste y declinación de la soberanía nacional.
• NO al DNU 70/2023. NO a la Ley Ómnibus.
• NO al protocolo de criminalización de la protesta.
Confederación General del Trabajo (CGT)
Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA)
CTA de los Trabajadores (CTA-T)
Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)
