Legisladores de la Coalición Cívica presentaron este martes un proyecto para aumentar el fondo de emergencia agropecuaria de $500 millones a $130.000 millones. La iniciativa busca actualizar recursos destinados a la producción primaria y reducir la discrecionalidad del Ejecutivo en la declaración de emergencias, generando debate sobre el impacto fiscal.
El fondo de emergencia agropecuaria, creado en 2009 mediante la Ley 26.509, estableció inicialmente un monto mínimo de $500 millones (equivalente hoy a unos u$s450.000) para atender situaciones de desastre climático que afectan a los productores. Desde entonces, la cifra no se actualizó, lo que generó una pérdida de capacidad de respuesta frente a la inflación y los crecientes desafíos del sector.
Victoria Borrego y Juan Manuel López, autores de la propuesta, destacan que el objetivo es garantizar que el fondo mantenga su poder adquisitivo y cumpla con su función de asistencia en emergencias agropecuarias.
Incremento del fondo y actualización periódica
El proyecto establece que el fondo mínimo pase a $130.000 millones, con revisiones periódicas para evitar que la inflación vuelva a reducir su efectividad. Según los legisladores, esta medida permitirá mantener la capacidad de respuesta frente a desastres climáticos y garantizar recursos suficientes para los productores afectados.
Cambio en la declaración de emergencia
Otra de las modificaciones clave busca limitar la discrecionalidad del Ejecutivo: la declaración de emergencia o desastre agropecuario se iniciaría con un pedido de la provincia a la Comisión Nacional correspondiente, la cual tendría cinco días para expedirse. Si el Ejecutivo no responde, la emergencia se consideraría automáticamente declarada. Esto busca agilizar la asistencia a productores, evitando retrasos como los ocurridos en la provincia de Buenos Aires este año, donde la declaración provincial en mayo fue respondida a nivel nacional recién en septiembre.
Beneficios fiscales para productores
El proyecto también contempla una serie de incentivos para los productores en zonas afectadas:
- Prórroga de vencimientos de impuestos.
- Exención total o parcial del impuesto a los Bienes Personales.
- Descuentos en el Impuesto a las Ganancias en caso de ventas obligadas de hacienda.
- Suspensión de juicios por parte de ARCA.
