El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) declaró este martes 17 de marzo la emergencia salarial y presupuestaria para todo el ejercicio 2026, en el marco de la crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino .
La resolución se adoptó ante el incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, lo que generó una insuficiencia de recursos que afecta de manera directa el funcionamiento de la casa de estudios .
El impacto en estudiantes y trabajadores
Desde el organismo de gobierno universitario advirtieron que la falta de fondos impacta particularmente en las políticas de bienestar estudiantil. La asignación y el sostenimiento de las becas para estudiantes —herramientas fundamentales para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso en la educación superior— están en riesgo por el desfinanciamiento .
La declaración también ratificó la situación crítica de los trabajadores docentes y nodocentes, cuyos salarios sufrieron un fuerte deterioro frente a la inflación sostenida. Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios docentes registran una pérdida del 34% en términos reales desde noviembre de 2023 .
El presupuesto 2026, en jaque
Las autoridades señalaron que el Presupuesto Nacional para 2026 no incorpora los incrementos previstos por ley para el funcionamiento básico de las universidades. Esto se traduce en recortes reales que, en algunos rubros, alcanzan niveles críticos estimados en un 60 por ciento .
Un análisis de Chequeado precisó que el presupuesto universitario cayó un 28,9% entre 2023 y 2025, y para 2026 se proyecta una nueva baja del 7,6% respecto del año anterior .
Acciones judiciales
Ante este escenario, el Consejo Superior instruyó al rector Raúl Gil a dar continuidad a las acciones judiciales iniciadas en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) . Estas presentaciones están orientadas a exigir por vía legal el cumplimiento de la normativa vigente y la garantía de los recursos necesarios para el sostenimiento del sistema público .
El conflicto universitario viene escalando desde 2024. En diciembre pasado, el juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento, pero el Ejecutivo apeló la decisión y presentó un nuevo proyecto que propone aumentos salariales escalonados del 4,1% en tres tramos, muy por debajo de la recomienda por la ley vigente.
