Piden 18 años de prisión para un hombre acusado de apuñalar a su expareja y provocar la pérdida de su embarazo

La Justicia resolvió elevar a juicio la causa contra Cristian David Suárez, imputado por tentativa de femicidio, agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además de aborto, incumplimiento de una orden judicial y resistencia a la autoridad. La Fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión.

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La decisión fue tomada por la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, quien admitió la acusación fiscal y dispuso el pase a debate oral.

Un ataque con restricción de acercamiento vigente

El hecho ocurrió el 9 de febrero de 2025, cuando el acusado se presentó en el domicilio de la abuela de la víctima, pese a tener una orden de restricción vigente.

Allí la interceptó, la agredió y la obligó a subir a un vehículo. Durante el traslado, se produjo un forcejeo y la apuñaló en el abdomen.

Grave estado de la víctima y pérdida del embarazo

La joven, que cursaba un embarazo de 18 semanas, logró escapar al arrojarse del vehículo en movimiento.

El ataque le provocó heridas punzocortantes, perforación intestinal y una hemorragia interna severa. Permaneció en coma, con asistencia respiratoria, y tuvo que ser operada de urgencia.

Como consecuencia de las lesiones, se produjo la interrupción del embarazo.

Persecución y detención

Tras el ataque, el acusado huyó a alta velocidad. La fuga derivó en una persecución policial que terminó cuando el vehículo impactó contra un cartel y una alambrada. Fue detenido en el lugar y permanece privado de la libertad desde ese momento.

La defensa cuestionó la acusación

Durante la audiencia, la defensa intentó cambiar la calificación legal del caso a lesiones graves y planteó aspectos de la relación previa entre las partes.

La jueza intervino para limitar esos planteos y remarcó que el debate tenía que centrarse en los hechos investigados y respetar la intimidad de la víctima.

La jueza respaldó la hipótesis de femicidio en grado de tentativa

Al resolver, la magistrada consideró que existen pruebas suficientes para sostener la acusación, entre ellas registros de videovigilancia, informes médicos y pericias forenses.

También fue categórica al afirmar que “la violencia de género no puede ser mutua”, y descartó los argumentos centrales de la defensa.

Con estos fundamentos, confirmó la calificación legal propuesta por la fiscalía y ordenó la elevación a juicio.

Próximo paso: el juicio oral

El caso quedará ahora en manos del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, que deberá fijar la fecha del juicio y el tribunal interviniente.


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