El abogado Pascual Celdrán adelantó que tanto él como Alejandro Viano, otro de los abogados querellantes, pedirán que el secretario de Ética Pública y Control de Gestión en licencia, Ricardo André Bazla, cumpla “por lo menos 30 días de prisión preventiva” en el marco de la causa El Caburé.
A Bazla le imputarán cargos este miércoles en el Juzgado de Garantía N°1, a cargo de Alfredo Cuello. El fiscal de Instrucción N°4, Leandro Estrada, lo acusará de coautor de “defraudación en perjuicio de la administración pública” .
La posibilidad de que salga esposado
Celdrán dijo que “es una posibilidad” que el funcionario salga esposado de los tribunales de Villa Mercedes. Aunque aclaró que esa medida de coerción debería solicitarla el Ministerio Público Fiscal: “No creo que se anime, por la presión a la que está sometido” , afirmó.
El abogado que representa a los denunciantes por la desaparición de una cosecha completa de maíz del establecimiento rural ubicado entre Buena Esperanza y Batavia dijo que el argumento para solicitar la privación de la libertad del “guardián de la ética” del gobierno de Poggi es que ya intentó obstaculizar el proceso judicial.
“Cuando se hizo la denuncia, presentó pruebas falsas, quiso interferir en la investigación” , sostuvo Celdrán.
Formulación de cargos y avance de la causa
Este miércoles se realizará la audiencia de formulación de cargos, instancia que reemplaza al antiguo llamado a indagatoria en el nuevo sistema penal.
“Se describe la conducta imputada y se inicia la investigación penal preparatoria con las pruebas reunidas”, explicó Celdrán.
El abogado detalló que, a partir de esta instancia, Bazla quedará formalmente imputado y contará con un plazo de cuatro meses para presentar pruebas en su defensa.
Pedido de prisión preventiva
Celdrán insistió en que corresponde dictar prisión preventiva por al menos 30 días, debido a conductas que, a su criterio, evidencian riesgo de entorpecimiento: “Se presentó como denunciante y aportó pruebas falsas”.
Entre los elementos cuestionados, mencionó un convenio con el Ministerio del Campo que habría sido fechado de forma irregular, y un supuesto decreto de designación que “no existe”.
“Son hechos que muestran intención de interferir en el proceso”, sostuvo.
Otras medidas posibles
El letrado explicó que, además de la prisión preventiva, el juez puede disponer medidas de coerción como la prohibición de salir de la provincia o del país, restricciones de contacto con testigos o la obligación de presentarse de forma periódica ante la fiscalía.
También cuestionó limitaciones a la participación de la querella dentro del proceso.
Otros funcionarios bajo la lupa
Celdrán afirmó que la investigación también alcanza a otros integrantes del gobierno provincial. Mencionó al ex fiscal de estado Víctor Endeiza, a quien señaló como quien “da las órdenes” en el esquema investigado.
También nombró a Federico Trombotto, funcionario vinculado al área productiva provincial, y a Diego Amondarahin, hermano del ministro de Gobierno.
“En todas está Bazla y Endeiza; en algunas aparece Trombotto y en otras Amondarahin”, sostuvo.
El abogado consideró que estos vínculos podrían derivar en una ampliación de la causa.
Contexto de la causa El Caburé
La causa investiga la desaparición de una cosecha de maíz en un establecimiento rural ubicado entre Buena Esperanza y Batavia.
El caso generó fuerte impacto político y judicial, con derivaciones en distintos niveles del gobierno provincial.
La audiencia de este miércoles marcará un punto clave en el avance del expediente.
