El jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena judicial tras conocerse detalles sobre la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada en noviembre de 2025, involucra un préstamo hipotecario otorgado por las propias vendedoras del inmueble, lo que despertó sospechas y motivó medidas de investigación.
Detalles de la operación inmobiliaria
Según registros oficiales, la propiedad adquirida tiene una superficie cercana a los 200 metros cuadrados y fue comprada por un total de 230.000 dólares.
Financiamiento del 87% del valor
Un punto clave del caso es el esquema de financiamiento. Las anteriores propietarias, dos jubiladas, no solo vendieron el inmueble, sino que también otorgaron un crédito hipotecario por aproximadamente 200.000 dólares, equivalente al 87% del valor total.
Cada una habría aportado la mitad del préstamo. Este mecanismo generó dudas en la Justicia, especialmente luego de que ambas aseguraran no conocer al funcionario.
Antecedentes de la propiedad
Antes de la operación, el departamento había pertenecido al exfutbolista Hugo Alberto Morales. La transacción quedó bajo análisis no solo por su estructura financiera, sino también por coincidir con otros movimientos patrimoniales del funcionario en el mismo período.
Otros movimientos y declaraciones patrimoniales
Durante ese mismo mes, Adorni también concretó la compra de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en Exaltación de la Cruz. Este inmueble figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
A su vez, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario no habría consignado la venta de una propiedad previa en Parque Chacabuco, lo que incrementó las sospechas sobre la evolución de su patrimonio.
Avance de la causa judicial
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo diversas medidas de prueba en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre las acciones requeridas se incluyen pedidos de información a registros de la propiedad, bases de datos de vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de detectar bienes no declarados tanto del funcionario como de su entorno familiar.
Desde la fiscalía sostienen que existen elementos suficientes para profundizar la investigación y esclarecer la composición patrimonial.
Impacto político y estrategia del Gobierno
En paralelo al avance judicial, el Gobierno nacional busca recuperar el control de la agenda pública tras varios días marcados por la polémica.
Reordenamiento interno
La reunión reciente de la mesa política oficialista apuntó a reorganizar prioridades de gestión y fortalecer la coordinación interna, en un contexto donde quedaron expuestas tensiones entre distintos sectores del oficialismo.
Cambio de foco comunicacional
Desde Casa Rosada consideran que el pico de exposición mediática del caso comienza a disminuir. En ese sentido, la estrategia se orienta a desplazar el eje del debate público hacia temas de gestión y reactivar la iniciativa política.
