El juez de Garantías N.° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, dispuso la prisión preventiva por 120 días de Ricardo Olivo, el hombre de 60 años que el fin de semana pasado tomó a sus hijos mellizos de cinco años —ambos con diagnóstico de autismo— y se atrincheró en una vivienda de Potrero de los Funes con un machete, nafta y amenazas de muerte.
El violento episodio en Potrero de los Funes
Olivo se había mudado a Merlo, pero el fin de semana irrumpió en la casa de la hermana de su expareja, tomó a los mellizos y se los llevó a una vivienda a pocas cuadras. Estaba bajo los efectos del alcohol y había hecho manifestaciones sobre quitarse la vida.
Cuando la hermana intentó impedir que se llevara a los niños, Olivo la golpeó y amenazó de muerte. Luego, ante el intento de otros familiares de recuperar a los menores, exhibió un machete y lanzó nuevas amenazas. A su expareja le advirtió por mensajes que si intervenía la Policía «iban a sacarlo muerto» junto a sus hijos.
Al llegar los efectivos, la situación escaló: Olivo se atrincheró durante varias horas, amenazó con prenderse fuego con nafta y con quitarse la vida. Intervino personal de Fuerzas Especiales y negociadores. En un momento de la negociación pidió un pasaje para salir de la provincia y $500.000. Cerca de las 23:30 fue reducido y detenido.
Los cargos
La fiscal de Género N.° 2, Antonella Córdoba, imputó a Olivo por sustracción de menores, privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y por el vínculo, amenazas simples y resistencia a la autoridad. El juez consideró que la evidencia era suficiente para sostener la imputación y que existía un riesgo procesal «extremadamente alto» respecto de la denunciante y los testigos, dado el vínculo familiar y los antecedentes de restricciones previas.
También dispuso la realización de una Cámara Gesell para los niños, con el objetivo de evitar su revictimización.
La defensa
La Defensora Oficial María Cecilia Cabello y el defensor adjunto Diego Zunino se opusieron a los cargos y a la prisión preventiva. Cabello sostuvo que los hechos responden a un conflicto familiar derivado de una separación reciente y que Olivo actuó en el ejercicio de sus derechos como padre, ya que ambos progenitores ejercían la responsabilidad parental compartida. También argumentó que no se acreditó una situación de riesgo para los niños, en base a una denuncia de julio de 2025 donde la propia denunciante refería la buena relación del padre con sus hijos.
El juez no hizo lugar a esos argumentos.
