La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, formalizó la investigación penal contra la exintendenta de Fraga, Antonella Gil Rosino, imputada provisoriamente por peculado, falsificación de documento y uso de documento falso.
La acusación fue presentada por la fiscal Linda Maluf, quien sostuvo que la exfuncionaria habría desarrollado una maniobra para desviar fondos públicos municipales durante el tercer y cuarto trimestre de 2022.
Según la Fiscalía, Gil Rosino habría confeccionado alrededor de 37 facturas y tickets falsos para justificar gastos ante el Tribunal de Cuentas y respaldar movimientos de dinero sin documentación válida.
La investigación también apunta a la falta de registro de $2.300.000 provenientes de un cheque emitido a favor de la Municipalidad de Fraga. Aunque el dinero habría sido cobrado, no figura en los registros contables oficiales.
De acuerdo con la acusación, el perjuicio económico estimado alcanza los $19.593.310, sumando presuntas irregularidades detectadas en los balances correspondientes a los últimos dos trimestres de 2022.
Las sospechas surgieron tras una auditoría del Tribunal de Cuentas, que detectó inconsistencias en las rendiciones municipales. Posteriormente, los proveedores mencionados en la documentación negaron haber emitido los comprobantes observados.
La Fiscalía también cuestionó compras de materiales realizadas fuera de la provincia sin remitos ni constancias de traslado, además de rendiciones respaldadas con documentación administrativa presuntamente reutilizada o adulterada.
Como medida preventiva, la Justicia ordenó la prohibición de salida de la provincia por 120 días y la inhibición general de bienes por 180 días. La defensa rechazó los cargos, afirmó que existen recursos administrativos pendientes y sostuvo que la acusación tiene un trasfondo político.
