El juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, resolvió extender por 120 días la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la causa que involucra a los exfuncionarios Marcelo Enrique Balbo, Sebastián Anzulovich y Luis Marcelo Amitrano por los presuntos delitos de peculado y fraude contra la administración pública.
La decisión fue tomada tras el pedido de la fiscal de Instrucción en lo Penal N° 6, Linda Maluf, con la adhesión de la Fiscalía de Estado. Además, el magistrado determinó mantener las medidas de coerción vigentes sobre los tres imputados.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la causa continúa siendo compleja y que aún quedan pendientes distintas medidas de prueba, como solicitudes de información a organismos públicos y entrevistas con personas vinculadas a la investigación.
Las medidas de coerción que seguirán vigentes incluyen la obligación de presentarse periódicamente, la prohibición de salir del país y restricciones patrimoniales, como inhibiciones de bienes y embargos preventivos en algunos casos.
Las defensas de los imputados no se opusieron a la extensión de la investigación, aunque solicitaron revisar las restricciones. Argumentaron que sus representados cumplieron con las obligaciones impuestas y que no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlas.
La investigación analiza hechos que habrían ocurrido entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el Ministerio de Producción de San Luis. Según la Fiscalía, se registraron 356 cargas de combustible para una camioneta oficial Toyota Hilux.
De acuerdo con la acusación, el vehículo fue encontrado en diciembre de 2023 en estado de abandono, con daños y el motor desmontado, mientras continuaban registrándose cargas de combustible. La Fiscalía sostiene que el combustible habría sido utilizado para fines no autorizados, generando un presunto perjuicio superior a 20 millones de pesos para el Estado provincial.
La causa continuará en etapa de investigación para avanzar con las pruebas pendientes. Según la imputación fiscal, Amitrano, Anzulovich y Balbo habrían tenido distintos niveles de responsabilidad en la administración, control y uso del vehículo oficial investigado.
