El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aunque había condicionado su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
La decisión judicial había sido adoptada luego de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, que cuestionaron las condiciones establecidas por el Gobierno para poner en vigencia la normativa aprobada por el Congreso.
En su resolución, el juez Cormick consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso, aun cuando la iniciativa hubiera sido previamente vetada por el presidente y luego insistida por el Poder Legislativo.
El magistrado entendió que el Decreto 759/2025 establecía condiciones que excedían las facultades del Ejecutivo y, por ese motivo, declaró su inconstitucionalidad.
Además, Cormick ordenó al Gobierno nacional avanzar con el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacer efectiva su aplicación.
La resolución judicial alcanza una norma que contempla medidas vinculadas con el financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición de los salarios docentes, dos de los principales reclamos planteados por el sector universitario durante los últimos meses.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno nacional decidió apelar la decisión judicial, por lo que ahora la resolución deberá ser revisada por la instancia superior correspondiente.
De esta manera, la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario queda nuevamente en el centro de una disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y las instituciones universitarias, mientras avanza el trámite de la apelación presentada por el Gobierno.
