Un grupo de más de 30 expertos de 14 países de América Latina presentó el jueves 1 de octubre de 2026 una ley modelo. Su objetivo es tipificar el delito de ecocidio en el subcontinente.
La propuesta consta de 18 artículos. Establece que “quien, mediante acción u omisión, cause daño grave que sea extenso o duradero al ambiente, será sancionado con pena de prisión de ocho a veinte años”.
“Hace falta adecuar la propuesta al contexto de América Latina”
En una reunión virtual con la prensa, Gustavo Alanís, fundador y director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), recordó que ya existen esfuerzos internacionales para codificar el ecocidio. Sin embargo, sostuvo que “hace falta adecuar esa propuesta al contexto concreto de América Latina”. Allí, la violencia contra defensores de la naturaleza y los altos índices de impunidad y corrupción plantean desafíos especiales.
Lina Muñoz, abogada colombiana y representante de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, destacó lo difícil del momento. Señaló el ascenso de las ultraderechas, con propuestas extractivistas y posiciones negacionistas frente al cambio climático. Noticiasmedio ambiente
“En América Latina hay ahora frecuentemente intentos de flexibilizar la legislación y los controles ambientales”, afirmó. Para la exasesora jurídica del Ministerio de Ambiente de Colombia, el ecocidio es “una herramienta indispensable para defender la vida en nuestro planeta”. Agregó que la figura ayuda a “generar conciencia y llevar ese debate a los territorios”.
Un hito histórico que nació en la guerra de Vietnam
Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocidio Américas y exdirector de la Fundación Baltasar Garzón, habló de “un hito histórico para la región”. Recordó que el concepto surgió durante la guerra de Vietnam. En 2021, un panel de expertos independientes propuso incluirlo en el Estatuto de Roma como quinto crimen contra la paz, sancionable por la Corte Penal Internacional.
Lledó subrayó que no se trata de una propuesta contra la economía. “No estamos en contra de la actividad empresarial, sino de que se destruya la naturaleza de forma extensa y duradera con el pretexto de que creamos empleo”. Y agregó: “No es posible matar a un ser humano por hacer un negocio. Tampoco se puede dañar el medio ambiente por un negocio”. Recordó que ecocidio significa, literalmente, “matar nuestro hogar”.
El texto es fruto de un proceso de tres etapas:
Una consulta pública con 240 personas, entre ellas indígenas, estudiantes y organizaciones.
Rondas virtuales con 74 expertos de distintos países.
Un panel de redacción que se reunió esta semana en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.
Qué establece la ley modelo
Entre sus novedades, tipifica el ecocidio como delito de resultado y de peligro. También contempla la forma culposa, que según Lledó es más fácil de probar que el dolo en tiempos de paz. Una autorización obtenida de forma fraudulenta o corrupta no exime a una empresa de ser perseguida.
Además, prevé:
El decomiso de todas las ganancias del delito.
La prohibición de contratar con el Estado o participar en licitaciones públicas.
Responsabilidad de personas jurídicas y físicas: el director ejecutivo responderá personalmente.
Jurisdicción universal, imprescriptibilidad y prohibición de amnistías.
Acción popular, para que cualquier persona pueda denunciar.
Una cláusula que protege las prácticas ancestrales de comunidades tradicionales.
Derechos de la naturaleza y Acuerdo de Escazú
La iniciativa se suma al esfuerzo por robustecer la legislación ambiental latinoamericana. Se articula con los derechos de la naturaleza y con el Acuerdo de Escazú, tratado regional de 2018 que garantiza el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, y obliga a proteger a los defensores. En ese sentido, la ley considera agravante las amenazas contra denunciantes y defensores del ambiente. Alanís señaló que ambas vías “caminan en paralelo”. Noticiasmedio ambiente
El director de Cemda reconoció que la implementación suele fallar y que existen presiones económicas y políticas. Aun así, considera que el ecocidio eleva el nivel de los delitos ambientales, aunque también hay que fortalecer a las fiscalías. La ley no exime al Estado de sus deberes de debida diligencia. Los autores proponen un plazo de dos años desde su aprobación para que empresas, Estados y fiscalías se adapten.
Un esfuerzo pedagógico y próximos pasos
Muñoz destacó que el proceso fue también pedagógico, porque enlazó el derecho ambiental y penal con la ciencia y las comunidades. Para ello, la ley contempla asistencia jurídica, acompañamiento, traducción y aporte de las universidades en la obtención de pruebas. Así, la justicia no se convertiría en un obstáculo adicional para quienes defienden sus territorios.
Ahora, las organizaciones civiles presionarán a legisladores y gobiernos de cada país para que discutan la propuesta. El mismo jueves, una delegación la presentó en una comisión del Congreso de México.
Fuente: Noticias Ambientales
