El Tribunal N°3 en lo Penal del Colegio de Jueces de la segunda circunscripción apartó a Galia Norte y San Jorge Cereales de la causa penal por las presuntas irregularidades en la cosecha de maíz del campo El Caburé. Los jueces consideraron que las empresas no acreditaron ser víctimas directas de los delitos que se investigan, cuyo principal damnificado sería el Estado provincial.
La resolución revocó una decisión del juez de Garantías Alfredo Cuello, quien el 4 de septiembre había permitido que ambas firmas volvieran a intervenir como querellantes. La Fiscalía, la Fiscalía de Estado y la defensa de Ricardo André Bazla apelaron esa medida. El tribunal hizo lugar a los tres planteos.
La disputa por la participación de las empresas está vinculada con el origen del caso: la cosecha de maíz de un campo estatal cuyo destino investiga la Justicia. Las firmas habían sembrado en el predio y sostienen que tienen derechos sobre la producción, un reclamo que deberá analizarse por otra vía judicial.
Qué investiga la causa El Caburé
La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en la recolección y disposición de una cosecha de maíz de un establecimiento rural que estaba bajo posesión estatal. También apunta a determinar si hubo falta de rendición de cuentas y de ingreso de fondos a las arcas provinciales, además de la contratación de una persona por fuera de los procedimientos previstos para los organismos públicos.
Por estos hechos están imputados Ricardo André Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, y Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Ética y Legalidad. Las acusaciones incluyen figuras vinculadas con la defraudación contra la administración pública, el peculado y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, con distintos alcances para cada uno.
Por qué apartaron a las empresas
En los fundamentos del fallo, los jueces María Monserrath Bocca, Hernán Diego Herrera y Marcelo Oscar Bustamante Marone distinguieron entre un eventual perjuicio económico a las firmas y la condición de víctimas directas de los delitos investigados. Consideraron que las presuntas irregularidades bajo análisis afectan al patrimonio y al funcionamiento de la administración pública, por lo que el Estado provincial ocupa el lugar de damnificado en esta causa.
También señalaron que las empresas sostienen una hipótesis sobre la titularidad del inmueble y del maíz que difiere de la delimitada por la Fiscalía. A criterio del tribunal, su intervención como querellantes podía introducir acusaciones ajenas al objeto procesal y afectar el derecho de defensa de los imputados.
