Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner anunciaron la presentación de una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la condena dictada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En una conferencia de prensa en el NH Hotel, los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego cuestionaron la condena y repasaron el caso: «La sentencia es absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente. Cuando se formuló la acusación en la causa Vialidad, la imputación que se le hizo a Cristina básicamente era ser la jefa de una asociación ilícita y utilizar la estructura del Estado para generar un gravísimo delito de administración fraudulenta».
«En la acusación se decía que las leyes enviadas al Congreso otorgaban a Santa Cruz y a un grupo empresario de Lázaro Báez fondos ilegítimos. Este instrumento que se estaba utilizando se complementaba con DNU y resoluciones de los jefes de Gabinete. El fiscal decía que tenía tres toneladas de prueba con los que iba a conseguir la condena a Cristina. En el juicio se demostró que las imputaciones eran falsas. Se la absolvió del delito de asociación ilícita y a continuación esas tres toneladas de prueba fueron desvirtuadas», añadieron.
En tal sentido, se refirieron a las razones de la condena contra la expresidenta: «En lugar de disponer una absolución, se la terminó condenando no por las cuestiones de las leyes del Presupuesto, los DNU que eran válidos y ratificados por el Congreso ni por las decisiones de los jefes de Gabinete. Tampoco por las resoluciones del Ministerio de Planificación ya que De Vido fue absuelto. Como no quedaba nada, el tribunal centró la condena sobre estos fondos llamados de fideicomiso de transporte a partir de un decreto firmado por Cristina en 2009 y el tribunal dice que ese DNU se emitió de forma irregular y con el propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez».
En tanto, los abogados recordaron el DNU firmado por la exmandataria: «La imputación era absolutamente falsa y si se hubiesen hecho las medidas de prueba que ofrecimos, se hubiese demostrado que ese DNU era una norma de carácter general que no se había dictado para favorecer a ningún empresario, sino que era una asignación de fondos para cumplir sus fines, que era proveer financiamiento para las obras viales».
También subrayaron que la Justicia no aceptó una prueba presentada por la defensa: «Para probar que era una norma de carácter general, ofrecimos una pericia contable que tenía muchos puntos y que iba dirigida a mostrar cómo esos fondos se utilizaron y que estos fondos habían sido repartidos entre todos los empresarios que tenían obra pública. Esa negativa de prueba fue planteada en la causa y llevada hasta las últimas instancias».
Asimismo, se refirieron a la postura del máximo tribunal: «La Corte dijo que al momento de plantearse los recursos, esa prueba todavía estaba siendo discutida y entonces no había sentencia definitiva. La sentencia quedó firme, fue convalidada por Casación y finalmente la Corte no quiso darle trámite al recurso extraordinario. No dejamos de seguir investigando y encontrar los elementos de prueba que nutrían de manera objetiva de nuestra posición porque estamos convencidos de que la verdad, en algún momento, iba a salir a la luz».
Fuente: C5N
