El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) rechazó el Decreto 253/2026, que permite a provincias como San Luis administrar rutas nacionales mediante concesiones con peaje, y advirtió que la medida podría transformarse en una nueva carga para usuarios y sectores productivos.
Ricardo Lasca, coordinador de Conaduv, afirmó que el esquema representa “un impuesto al tránsito” y cuestionó que Nación transfiera responsabilidades sin financiamiento.
“Los gobernadores van a tomar las rutas, van a poner peaje y no les van a dar los números porque no hay tránsito suficiente”, sentenció.
Críticas a la Ruta 7 y al modelo de financiamiento
Lasca sostuvo que la Ruta Nacional 7, incluida la Autopista de las Serranías Puntanas, ya fue sostenida durante años con fondos públicos, por lo que cobrar peaje implicaría una “doble imposición” para ciudadanos que ya aportan mediante impuestos a los combustibles.
“Pagamos miles de millones en impuestos al combustible. No corresponde pagar otra vez por circular”, remarcó.
También alertó que el sistema no contempla grandes obras de infraestructura y podría limitarse a mantenimiento básico, como corte de pasto y bacheo, sin resolver problemas estructurales de seguridad vial.
Impacto económico y reclamo por un plan vial nacional
Desde Conaduv señalaron que más peajes afectarían el transporte, aumentarían costos logísticos y perjudicarían a las economías regionales.
“El camino no es un gasto, es una inversión”, planteó Lasca, al reclamar que los fondos viales nacionales se destinen a obras reales sin nuevas barreras de cobro.
La entidad insistió en que cualquier transferencia de rutas debe pasar por el Congreso y reclamó un plan vial integral sin peajes, financiado con recursos ya existentes.
