Mauricio Nicolás Gómez, conocido como “El Porteño”, negó haber sido contratado para atentar contra la vida de la fiscal de Juicio Virginia Palacios. “Desconozco, ni tengo idea de lo que se me está acusando ni de lo que se dice”, afirmó durante una audiencia en la que la Justicia ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial y le impuso 120 días de prisión preventiva.
Gómez está imputado por abuso de armas en una causa por un ataque a tiros contra dos jóvenes y ahora también enfrenta cargos por incumplimiento de una orden judicial, luego de escapar de la prisión domiciliaria que debía cumplir desde agosto.
El fiscal de Instrucción N.º 1 de San Luis, Francisco Assat, solicitó la prisión preventiva por 120 días. La jueza subrogante del Juzgado de Garantía N.º 1, Luciana Banó, hizo lugar al pedido durante la audiencia realizada este viernes en los tribunales de la capital provincial.
La fuga y el riesgo de que vuelva a escapar
Assat sostuvo que la fuga ya concretada por Gómez constituye un elemento central para evaluar el riesgo procesal. “No puedo hablar de un riesgo de fuga porque la fuga ya se materializó”, afirmó.
El fiscal señaló que el imputado demostró tener medios para permanecer oculto y trasladarse entre distintas jurisdicciones, pese a contar con una orden de detención vigente.
“No solamente se burlaron los controles que dispuso este juzgado para el cumplimiento de esa prisión domiciliaria, sino que también se han burlado todos los controles provinciales”, remarcó.
También cuestionó el impacto que tuvo la búsqueda del imputado sobre el trabajo judicial y los recursos de seguridad. “El desgaste que ha producido esta fuga a nivel de recursos provinciales del Ministerio Público Fiscal es carísimo”, sostuvo.
Assat recordó que Gómez se fugó pocos días antes de enfrentar un juicio en el que la Fiscalía había solicitado una condena de 15 años de prisión.
Qué dijo «El Porteño» sobre la acusación de la fiscal Palacios
Además de las causas penales en su contra, Gómez fue señalado por la fiscal de Juicio Virginia Palacios como el presunto sicario contratado para asesinarla.
Durante la audiencia, el imputado se refirió a esa acusación. “Se habla de mí en las redes sociales, que fui contratado para atentar contra la vida de una señora fiscal. Quiero decir que desconozco, que ni tengo idea de lo que se me está acusando ni de lo que se dice. Es lo único que tengo para decir”, expresó.
Su declaración no estuvo vinculada con los cargos por el ataque a tiros a dos jóvenes, sino con las versiones sobre el supuesto plan contra la fiscal.
La causa por el ataque a dos jóvenes
Gómez y su hermano Jeremías Ezequiel Gómez, quien permanece prófugo, están investigados por un hecho ocurrido el 2 de febrero de 2026, cerca de las 23, en inmediaciones del barrio San Luis 26. Dos jóvenes, de 14 y 20 años, resultaron heridos por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por Assat, Gómez habría llegado al lugar en un Volkswagen Polo blanco, descendido del vehículo y efectuado cinco disparos contra las víctimas. Los dos jóvenes sufrieron heridas en las piernas y fueron trasladados al Hospital Ramón Carrillo.
El imputado permaneció prófugo hasta el 23 de marzo, cuando lo detuvieron y le formularon cargos. Quedó privado de su libertad el 25 de marzo y el 7 de agosto obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en la casa de su madre.
Cinco días después abandonó esa vivienda sin autorización y volvió a quedar prófugo. Lo detuvieron el 7 de octubre en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, cuando circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo.
La defensa de Niñez advirtió sobre el temor de las víctimas
El defensor de Niñez y Adolescencia N.º 2, Nahuel Lede, acompañó el pedido de prisión preventiva por 120 días. Argumentó que la medida es necesaria para proteger a las víctimas y garantizar el avance del proceso judicial.
Lede recordó que, durante la audiencia inicial, pidió que la calificación se encuadre como homicidio en grado de tentativa.
Para fundamentar su postura, hizo referencia a las declaraciones de los jóvenes en Cámara Gesell. Allí, de acuerdo con lo expuesto por el defensor, ambos manifestaron temor por lo ocurrido y preocupación por la seguridad de sus familias, especialmente después de conocer la fuga de uno de los imputados.
También mencionó informes que describieron síntomas compatibles con estrés postraumático, como hipervigilancia, conductas evitativas, distanciamiento social, inseguridad y temor.
El defensor explicó que mantiene contacto con la madre de los jóvenes, quien le transmitió las dificultades que atraviesa la familia a raíz del caso. Además, advirtió sobre presuntos intentos de familiares de los imputados para que la familia desistiera de la denuncia.
En particular, mencionó acercamientos de dos mujeres al domicilio de los jóvenes y señaló problemas en la implementación de la consigna policial dispuesta para protegerlos. De acuerdo con su exposición, hubo momentos en los que la custodia estaba presente y otros en los que no, debido a dificultades de comunicación.
Lede también sostuvo que las otras tres causas elevadas a juicio que involucran al imputado deben considerarse al evaluar el riesgo de fuga.
La defensa pidió reducir la prisión preventiva
Los abogados Carlos Varela y Hugo Scarzo no se opusieron al agravamiento de la medida de coerción, pero cuestionaron el plazo de 120 días solicitado por la Fiscalía.
Argumentaron que la investigación está prácticamente concluida y que la protección de las víctimas podría garantizarse mediante una restricción de acercamiento y una consigna policial. Por eso, pidieron reducir la prisión preventiva a 30 o 45 días para completar las actuaciones y elevar la causa a juicio.
Scarzo sostuvo que el expediente debe avanzar con celeridad hacia el control de la acusación, con el objetivo de unificar las causas en el Colegio de Jueces y llegar a un único juicio y una sola sentencia.
El abogado reconoció que corresponde investigar el incumplimiento de la orden judicial por parte de su defendido, pero consideró que la detención en Buenos Aires responde a un hecho independiente y no justifica una prisión preventiva por 120 días.
La jueza Banó rechazó ese planteo en cuanto al plazo y dispuso la prisión preventiva por 120 días, además del traslado de Gómez al Servicio Penitenciario Provincial.
