La Justicia formuló cargos contra Viviana Moreyra, esposa del dirigente peronista Sergio Freixes, en el marco de dos investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública. Las acusaciones incluyen asociación ilícita, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude y peculado.
Las audiencias se realizaron este martes en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini. La magistrada admitió los cargos en ambas causas, aunque las situaciones procesales tuvieron diferencias.
En la primera investigación, la Fiscalía de Instrucción Nº 1 acusó a Moreyra por administración fraudulenta y asociación ilícita. En la segunda, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 le atribuyó incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel y peculado.
La investigación por fondos de la comunidad Ranquel
En la primera audiencia, la Fiscalía sostuvo que Moreyra habría integrado una asociación destinada a cometer hechos ilícitos, con una participación que, de acuerdo con la acusación, se habría mantenido en el tiempo.
Entre las maniobras investigadas aparece el otorgamiento de un poder a otro de los imputados para operar una cuenta bancaria vinculada a la comunidad Ranquel.
La acusación también planteó que Moreyra pertenecía a una firma de la que procedían fondos y desde la cual se emitía documentación vinculada con gastos y egresos. La Fiscalía sostuvo que allí se habrían facturado servicios indebidos o duplicados en el manejo de fondos públicos municipales y coparticipables.
Además, la investigación detectó pagos duplicados y movimientos que habrían generado beneficios personales y que excederían actividades de carácter agropecuario.
Como elementos de prueba, los fiscales mencionaron informes contables, pericias sobre libros, análisis de movimientos bancarios, documentación sobre cesiones de derechos, poderes y contratos.
La Fiscalía de Estado acompañó la formulación de cargos y planteó que existió una participación fraudulenta sostenida en el tiempo, además de responsabilidades individuales y colectivas entre los imputados.
La defensa cuestionó la acusación y sostuvo que Moreyra no administraba la sociedad involucrada y tampoco tenía la condición de funcionaria pública.
La jueza admitió los cargos y dispuso para Moreyra una prohibición de salir del país durante cuatro meses sin autorización judicial. La medida había sido solicitada por la acusación y no tuvo oposición de la defensa.
La causa por su gestión en Nueva Galia
La segunda audiencia estuvo vinculada con la actuación de Moreyra como exintendenta comisionada de Nueva Galia, cargo que ejerció entre 2001 y 2015.
La Fiscalía de Instrucción Nº 3 le atribuyó haber omitido la presentación de balances trimestrales y de la documentación respaldatoria de los gastos realizados con fondos públicos asignados a la comuna.
A partir de esos hechos, la acusación formuló cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública por administración infiel y peculado.
La querella adhirió a la acusación fiscal.
En esta causa, la defensa planteó una excepción por falta de acción basada en la prescripción. La jueza rechazó ese planteo y luego admitió los cargos contra Moreyra en los términos solicitados por la Fiscalía.
A diferencia de la primera investigación, no se solicitaron medidas de coerción contra la imputada. La defensa, además, presentó un recurso de apelación.
En las audiencias intervinieron los fiscales Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz, por la primera causa, y Andrea Court, por la segunda. La defensa estuvo a cargo de Pascual Celdrán y Gustavo Reviglio, respectivamente. También participaron el abogado Valentín Rivadera y, por la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila.
