Once naciones han dado un paso crucial para enfrentar los delitos ambientales que cruzan fronteras y desafían las leyes nacionales. En Viena, este lunes, propusieron la creación de un nuevo protocolo de la ONU para combatir las redes criminales involucradas en actividades ilícitas como el tráfico de especies, tala ilegal y extracción de minerales.
La iniciativa cuenta con el respaldo de ocho países de América Latina y tres de África y será discutida durante la Conferencia sobre la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU. El objetivo es establecer un comité que desarrolle herramientas efectivas para que los gobiernos puedan prevenir y perseguir estos delitos. La urgencia de esta medida radica en crear un marco legal que permita la colaboración transfronteriza, esencial para combatir organizaciones que operan internacionalmente.
Uno de los principales desafíos es la inconsistencia entre leyes nacionales, que dificulta la acción contra redes que operan sin respetar fronteras. Esta propuesta aspira a superar tales obstáculos mediante un enfoque coordinado internacionalmente, asegurando que los esfuerzos de un país no se vean socavados por la falta de regulaciones en otro.
Países proponentes y sus objetivos
Los países proponentes, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, buscan abrir negociaciones para un nuevo protocolo que aborde problemas como el tráfico de fauna, la tala ilegal y el comercio ilícito de minerales. La conferencia, que se celebra hasta el viernes, se centra en fortalecer la cooperación internacional, reconociendo que el impacto de estos delitos no solo es ambiental, sino también económico y social.
Monica Juma, directora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, subrayó que en Sudamérica, los beneficios del narcotráfico a menudo financian otros delitos ambientales, destacando la urgencia de abordar este problema global. Esta interconexión entre diferentes tipos de crimen organizado resalta la necesidad de un enfoque integral.
El documento presentado resalta que no existe actualmente un instrumento universal que aborde los delitos ambientales de manera comprehensiva. El comercio ilegal de vida silvestre genera entre 7.000 y 23.000 millones de dólares anualmente, según estudios internacionales, lo que representa una pérdida significativa para las economías nacionales y para la biodiversidad.
El Banco Mundial estima que la tala y pesca ilegales y el comercio de fauna silvestre cuestan entre 1 y 2 billones de dólares cada año a nivel mundial. El nuevo protocolo propuesto busca ampliar los tres existentes en la Convención de la ONU, que actualmente cubren la trata de personas, el tráfico de migrantes y las armas de fuego, permitiendo una respuesta más robusta y coordinada.
Los países impulsores destacan la importancia de incluir a pueblos indígenas y comunidades locales en los esfuerzos para combatir estos delitos, ya que afectan a ecosistemas, biodiversidad, salud pública y economía. La participación de estas comunidades es crucial, ya que son las primeras en enfrentar las consecuencias directas.
Actualmente, 164 Estados miembros de la ONU penalizan los delitos contra la fauna y flora, pero solo 86 imponen penas que alcanzan el umbral de delito grave, lo cual dificulta la cooperación internacional. El nuevo acuerdo buscará asegurar que las legislaciones nacionales se alineen con los estándares internacionales, respetando la soberanía de los Estados sobre sus recursos, pero promoviendo una acción conjunta y efectiva.
Fuente: Noticias Ambientales
