El juez Ramos Padilla argumentó que cualquier modificación en la estructura jurídica del Banco Nación debe ser aprobada por el Congreso, ya que la entidad fue creada por ley y su transformación solo puede realizarse mediante una norma legislativa.
Esta decisión responde a una medida cautelar interpuesta por la Asociación Bancaria, el gremio que nuclea a los empleados del sector y que encabeza Sergio Palazzo. La organización ya había presentado demandas contra intentos previos de privatización.
El conflicto judicial sobre la estructura del Banco Nación comenzó en junio de 2024, cuando la Asociación Bancaria demandó la nulidad del Decreto 70/2023 y la Resolución 348 del Directorio del Banco Nación, que allanaban el camino para su privatización.
En esa ocasión, Ramos Padilla dictaminó que estos instrumentos legales no permitían modificar la naturaleza del banco, reiterando que tal decisión es competencia exclusiva del Congreso.
Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei reanudó la iniciativa el 19 de febrero de 2025 con la publicación del Decreto 116/2025, que formalizaba la transformación del Banco Nación en sociedad anónima dentro del Ministerio de Economía.
Detalles del Decreto 116/2025
El decreto, firmado por el presidente Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro del Interior Guillermo Francos, establecía que el Estado Nacional poseería el 99,9% del capital social del nuevo Banco Nación S.A., mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina conservaría el 0,1% restante.
Según el Gobierno, la conversión en sociedad anónima permitiría aumentar los préstamos para PyMEs y familias, ya que facilitaría la apertura del capital y la captación de nuevos fondos.
Con la suspensión del decreto, el Banco Nación continuará operando como una entidad autárquica del Estado, al menos hasta que se resuelva el conflicto legal. El Gobierno podría apelar la decisión o buscar respaldo legislativo para avanzar con la reforma.
Mientras tanto, el fallo refuerza la postura de que cualquier privatización del banco debe ser discutida y aprobada en el Congreso, en línea con su creación mediante la Ley 21.799.
