La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo tras la detección de otros criptoactivos presuntamente vinculados al funcionario. La fiscalía federal que encabeza Gerardo Pollicita solicitó información a plataformas de activos virtuales para determinar si existen movimientos financieros, cuentas activas o tarjetas asociadas al dirigente y a Bettina Angeletti.
La medida forma parte de una causa que analiza posibles inconsistencias patrimoniales y operaciones financieras que podrían no haber sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción. Mientras avanza la recolección de datos, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un informe clave sobre la evolución patrimonial del funcionario.
La fiscalía amplió el pedido sobre criptoactivos
La investigación ya había detectado la existencia de criptomonedas que no aparecerían reflejadas en las declaraciones juradas correspondientes al período analizado. Ahora, la aparición de otros dos activos virtuales llevó al Ministerio Público Fiscal a profundizar las medidas de prueba.
El requerimiento judicial busca determinar si Adorni y Angeletti operaron en plataformas de intercambio de criptomonedas, durante qué períodos realizaron movimientos y si las cuentas continúan activas. También se solicitaron registros de transferencias, documentación respaldatoria y datos vinculados a posibles tarjetas asociadas.
Por el momento, tanto los nombres de las empresas involucradas como los montos detectados permanecen bajo reserva judicial.
Los movimientos financieros bajo análisis
Según trascendió en la investigación, los primeros informes ya habían identificado ingresos y egresos mediante activos virtuales durante 2024. Ese punto quedó bajo observación porque, de corresponder a ese ejercicio fiscal, esas operaciones deberían figurar en la última declaración jurada presentada por el funcionario.
La fiscalía intenta reconstruir el circuito del dinero y establecer si los activos digitales guardan relación con otras operaciones patrimoniales detectadas durante el análisis.
Viajes, inmuebles y dólares en efectivo
Además de los criptoactivos, la causa analiza otros movimientos económicos vinculados al funcionario nacional. Entre los puntos investigados aparecen viajes al exterior, gastos de hotelería, divisas en efectivo, inversiones inmobiliarias, refacciones y el alquiler de una vivienda en Indio Cua.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, esos movimientos superarían los USD 370.000 en menos de un año.
Uno de los focos de la investigación es determinar si los ingresos declarados por Adorni como funcionario público alcanzan para justificar los gastos realizados, incluyendo 17 viajes internacionales que también quedaron bajo revisión.
Las deudas que deberá justificar
Otro aspecto observado por la Justicia son compromisos financieros por USD 335.000 que el funcionario debería cancelar en noviembre de este año.
Los investigadores intentan establecer cómo se justificaría la disponibilidad de divisas necesarias para afrontar esas obligaciones. En ese contexto, las operaciones con criptomonedas aparecen como una línea relevante para reconstruir posibles movimientos de dinero y circuitos financieros.
Toda la información obtenida de las plataformas virtuales será cruzada con el informe técnico que elabora la DAFI, donde se analizarán ingresos y egresos año por año desde el inicio de la función pública de Adorni.
Qué puede pasar en la causa
La investigación todavía se encuentra en etapa preliminar y centrada en la recopilación de documentación. Sin embargo, si la fiscalía detecta diferencias patrimoniales significativas o inconsistencias sin respaldo documental, podría avanzar con nuevas medidas judiciales, incluyendo un eventual pedido de indagatoria.
Además, Adorni deberá presentar antes del 31 de julio su declaración jurada correspondiente al cierre fiscal de 2025. Ese documento será clave para comparar los datos patrimoniales, bancarios, migratorios y vinculados a activos virtuales incorporados al expediente.
El eje central de la causa es determinar si los gastos, las divisas y las operaciones con criptomonedas poseen respaldo compatible con los ingresos declarados oficialmente por el funcionario.
