El juez de Garantía Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Damián Coppola, formuló cargos contra Daniel Adrián López, Oscar Lino López y Julieta Lorena Duffour en una causa que investiga presuntas maniobras de estafa, administración fraudulenta y aprovechamiento de una persona vulnerable. La denuncia fue presentada por una mujer con discapacidad residente en Villa de Merlo.
La denunciante posee hipoacusia bilateral profunda, cuenta con Certificado Único de Discapacidad y presenta un diagnóstico compatible con síndrome de Asperger, según consta en el expediente. Debido a su situación, intervino la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces durante el proceso judicial.
La investigación es llevada adelante por el fiscal César Hugo Salazar Molina y la fiscal adjunta Andrea Yamil Aguilar. Según la acusación, Daniel Adrián López comenzó a relacionarse con la denunciante y su madre en 2022, ofreciéndose para colaborar en trámites y cuestiones administrativas.
Para la Fiscalía, ese vínculo derivó en un progresivo proceso de confianza que le permitió al imputado intervenir en decisiones personales y patrimoniales. Los investigadores sostienen que existió una dinámica de dependencia e influencia que terminó perjudicando económicamente a la mujer.
Entre las operaciones bajo análisis figuran la transferencia de un motorhome, la inscripción de un Renault Clío a nombre de una sobrina de López y el traspaso de un Toyota Etios a nombre de Julieta Lorena Duffour. También se investigan movimientos relacionados con inmuebles ubicados en Haedo, provincia de Buenos Aires.
Uno de los hechos más relevantes ocurrió en julio de 2024, cuando la denunciante otorgó a López un poder amplio de administración. Según la hipótesis fiscal, ese documento le permitió controlar alquileres, contratos e ingresos vinculados a distintos bienes de la víctima.
La acusación sostiene además que la situación se agravó tras el fallecimiento de la madre de la denunciante en agosto de 2024. Para los investigadores, ese hecho incrementó la vulnerabilidad emocional de la mujer y favoreció una mayor dependencia respecto del principal imputado.
Tras escuchar a las partes, el juez tuvo por formulados los cargos contra los tres acusados y dispuso una restricción de acercamiento y contacto para proteger a la denunciante. La causa continuará en etapa de investigación durante 120 días, mientras permanecen vigentes medidas de inhibición sobre bienes y cuentas bancarias.
