Organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda contra el gobierno de Javier Milei por el recorte presupuestario en programas de políticas públicas para proteger a las víctimas de violencia de género y, particularmente, por el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, área encargada de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La acción judicial colectiva fue presentada por Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
En su presentación demandaron al Ejecutivo para aportar «claridad sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido».
La acción judicial quedó radicada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 1 a cargo de Enrique Alonso Regueira y se espera que en los próximos días se expida sobre la procedencia de la acción y la admisibilidad de la medida cautelar.
El Gobierno, contra las políticas de equidad de género
Las organizaciones demandantes aseguraron que «la eliminación definitiva» de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género «no sólo vulnera derechos individuales sino que además afecta gravemente la calidad democrática de nuestras instituciones, por cuanto estas medidas se han tomado desconociendo las obligaciones legales que rigen en la materia y los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben guiar todo el accionar estatal».
Además del cierre del área, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, desmanteló 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el territorio nacional y anunció un «reordenamiento» en la prestación de servicios de aquellos que continúen en funcionamiento. «Estos dispositivos territoriales brindan atención y contención a las demandas de mujeres, niñas y adolescentes, y resultan vitales para garantizar el servicio de justicia», señalaron en el informe.
Fuente: letrap
