La secretaria general del Sindicato de Empleados Provinciales (SIEP), Mónica Sánchez Moreno, cuestionó el adelanto de los tramos del aumento salarial anunciado por el gobernador Claudio Poggi y sostuvo que la suba resulta insuficiente frente al costo de vida.
El Gobierno provincial adelantó a septiembre y octubre los dos tramos restantes del aumento del 20% previsto para el segundo semestre. Con esta modificación, los empleados públicos llegarán a un 30% de incremento acumulado al 31 de octubre.
“Ya no nos piden ni siquiera plata”
Sánchez Moreno afirmó que el principal problema es la pérdida del poder adquisitivo y señaló una situación que, de acuerdo con su relato, se repite entre los trabajadores estatales.
“Ya no nos piden ni siquiera plata, nos piden comida”, expresó la dirigente sindical.
Y agregó que muchos trabajadores recurren a créditos y tarjetas para comprar alimentos. También afirmó que el endeudamiento dejó de estar asociado a gastos como vacaciones y pasó a cubrir necesidades básicas.
La dirigente cuestionó además el impacto de los aumentos de los servicios y afirmó que los salarios estatales quedaron por debajo del costo de vida.
El reclamo por una recomposición mayor
Sánchez Moreno aseguró que los empleados públicos arrastran un atraso salarial del 128%, aun con el aumento acumulado del 30% previsto para octubre.
Para la dirigente, una recomposición adecuada debería alcanzar al menos el 50%. También reclamó que las sumas no remunerativas pasen al salario básico, con impacto sobre los ingresos futuros y las jubilaciones.
La referente sindical sostuvo que la categoría más baja debería superar los $1,6 millones, frente a una canasta básica de alrededor de $1,55 millones.
SIEP cuestionó la falta de diálogo
Sánchez Moreno también criticó la falta de convocatoria del Gobierno provincial a los sindicatos.
Afirmó que desde la Intersindical solicitaron audiencias con las autoridades y planteó que el sector gremial busca participar del debate salarial y aportar a la administración estatal.
“Nuestra función no es generar guerras o peleas con el Estado”, sostuvo.
Para la dirigente, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos también afecta al comercio y al empleo privado, a partir de la caída del consumo.
