El bloque Frente Unidad Justicialista rechazará este miércoles en Diputados el proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis. La diputada Silvia Sosa Araujo cuestionó el costo previsto para el proceso, la falta de participación de distintos sectores y sostuvo que la iniciativa del Gobierno apunta, en los hechos, a modificar las reglas electorales.
El oficialismo buscará reunir los 29 votos necesarios para alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados y convertir en ley la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Sosa Araujo explicó que el rechazo de su bloque se fundamenta en tres aspectos: el costo económico de la reforma, la falta de participación ciudadana en su elaboración y el alcance que, a criterio del PJ, tendrá la modificación constitucional.
“Vamos a reformar la Constitución, no es una ley común”, advirtió la legisladora y recordó que la última reforma de la Carta Magna provincial se realizó hace cuatro décadas.
El costo de la reforma constitucional
Uno de los principales cuestionamientos de la diputada está relacionado con los recursos que demandará el proceso.
Sosa Araujo señaló que el Gobierno prevé destinar $3.604 millones y contrastó ese monto con la situación económica y social de la provincia.
“En una provincia que, desde que asumió Claudio Poggi, está en emergencia tras emergencia, que no puede cubrir las necesidades básicas de cada uno de sus ciudadanos, que tiene una tasa de pobreza del 30,1%, mayor que la media nacional, donde cerraron fábricas, cayó el empleo formal de la construcción, donde vemos la situación de la calle, tenemos un presupuesto para esta reforma electoral de 3.604 millones de pesos”, cuestionó.
A partir de ese planteo, preguntó: “¿Es momento de hacer esta reforma electoral?”.
Eliminar las elecciones de medio término
Entre los cambios incluidos en el proyecto aparece la eliminación de las elecciones de medio término. Para concretar ese objetivo, la propuesta contempla extender por dos años los mandatos de los legisladores que asumieron en 2025, de modo que las próximas elecciones legislativas coincidan con las de gobernador y vice.
Sosa Araujo cuestionó esa modificación porque, al asumir el año pasado, los legisladores fueron elegidos para cumplir mandatos de cuatro años.
“Yo asumí el año pasado y la gente me votó por 4 años, no por 6”, sostuvo.
La diputada también consideró que la reforma está vinculada con el próximo proceso electoral y afirmó que, desde la mirada del PJ, podría afectar al espacio político de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.
Críticas a la participación
Otro de los cuestionamientos planteados por Sosa Araujo apunta al mecanismo utilizado para elaborar la propuesta.
La legisladora afirmó que la oposición no tuvo participación en la confección del proyecto y sostuvo que tampoco fueron convocadas instituciones de la sociedad civil.
En ese sentido, señaló que los legisladores opositores recién pudieron participar de una reunión el martes con el abogado constitucionalista Cristian Altavilla, quien asesora al Gobierno provincial en la reforma.
Sosa Araujo cuestionó además la explicación brindada durante ese encuentro sobre el alcance de los cambios.
“El defensor que ellos trajeron dijo que son pequeñas modificaciones a la Constitución. Vamos a hacer una reforma para hacer pequeñas modificaciones”, ironizó.
