La secretaria general del Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), Fernanda García Segovia, cuestionó la ley que habilita a los agentes judiciales a desempeñarse en actividades privadas fuera de su horario laboral y afirmó que la medida «no da ninguna solución al problema de fondo».
La dirigente sostuvo que el gremio siempre defendió la exclusividad funcional de los trabajadores judiciales para garantizar un servicio de justicia de calidad, aunque reconoció que muchos empleados se ven obligados a buscar otros ingresos debido a los bajos salarios.
«Con los salarios que hoy tenemos, muchos compañeros tienen que salir a buscar otros trabajos para poder subsistir», sentenció.
«Los salarios siguen siendo de indigencia»
García Segovia aseguró que la situación salarial del sector continúa siendo crítica y señaló que un auxiliar de tercera percibe alrededor de 690 mil pesos en blanco, una cifra muy por debajo del costo de la canasta básica.
Además, indicó que los trabajadores judiciales de San Luis ocupan los últimos lugares del país en materia salarial y estimó que sería necesaria una recomposición cercana al 80% para alcanzar la media nacional.
«No estamos pidiendo ahorrar o irnos de vacaciones. Estamos hablando de poder comer y llegar a fin de mes», afirmó.
Preocupación por la falta de personal y el estrés laboral
La titular de SIJUPU también vinculó los problemas de salud mental que atraviesan muchos trabajadores con la falta de personal y el incremento de tareas.
En este sentido, explicó que las jubilaciones y renuncias no están siendo cubiertas debido a las restricciones presupuestarias vigentes, lo que genera una sobrecarga en las oficinas judiciales.
«El trabajo que hacían diez personas hoy lo terminan haciendo cinco. El cúmulo de tareas y la presión terminan provocando situaciones de estrés y agotamiento», señaló.
La reforma del artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia ya recibió sanción legislativa y habilita a los empleados y funcionarios judiciales —excepto magistrados, fiscales y defensores— a desarrollar actividades privadas compatibles con sus obligaciones dentro del Poder Judicial.
