La medida contempla la interrupción de consultas, prácticas médicas, estudios e internaciones en las instituciones que adhieren al reclamo. Las urgencias extremas quedarán exceptuadas de la suspensión.
Los prestadores sostienen que el esquema de pagos de PAMI perdió poder de compra frente al aumento de los costos y que algunos reintegros registran demoras superiores a 90 días. La situación, según las entidades médicas, volvió insostenible el funcionamiento de los centros de salud.
La medida afecta a unos 300 mil jubilados
El conflicto alcanza a unos 300 mil jubilados de la Patagonia, quienes desde junio enfrentan restricciones en guardias, derivaciones y programación de determinadas cirugías.
La decisión anunciada para el 24 de agosto representa un agravamiento del conflicto, ya que las instituciones avanzarán por primera vez hacia una suspensión total de las prestaciones de PAMI, según señalaron los prestadores.
El reclamo por los aranceles de PAMI
El principal reclamo apunta a la actualización de los valores que PAMI abona por las prestaciones médicas. Las clínicas aseguran que los aranceles quedaron por debajo de la evolución de los costos y que algunos módulos ni siquiera permiten cubrir los insumos utilizados durante una práctica.
Uno de los ejemplos mencionados por los prestadores corresponde a procedimientos de urología, en los que el costo del material descartable puede superar el monto que PAMI reconoce por la prestación.
Una actualización que no alcanza
En lo que va de 2026, la inflación acumulada alcanza el 19,3%, mientras que el Gobierno acordó un incremento del 6% para los prestadores de PAMI, cuya aplicación está prevista para octubre.
Para las clínicas, la actualización resulta insuficiente frente al incremento de los costos operativos y no resuelve las dificultades financieras que atraviesa el sistema.
El conflicto podría extenderse
Las entidades médicas advirtieron que, si no reciben una recomposición de los aranceles, otras provincias podrían incorporarse al reclamo.
El escenario también genera preocupación por el posible impacto sobre los hospitales públicos, que podrían recibir una mayor cantidad de pacientes si las prestaciones privadas bajo cobertura de PAMI continúan restringidas.
Un conflicto que se profundiza
La suspensión anunciada para este lunes expone una disputa que lleva varios meses entre los prestadores y PAMI. Mientras las clínicas reclaman una actualización acorde con los costos y el cumplimiento de los pagos, miles de jubilados quedan frente a mayores dificultades para acceder a la atención médica.
La continuidad de la medida dependerá de las negociaciones que puedan mantener las instituciones con el organismo y de una eventual recomposición de los valores que reciben los prestadores.
