El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional, y el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), de San Luis, pueden provocar una transferencia de recursos fiscales a otros Estados. Así lo advirtió el contador Hugo Zudaire en declaraciones a SanLuis24 Radio, al cuestionar el costo de las exenciones impositivas que ofrecen ambos programas.
Zudaire explicó que la falta de convenios para evitar la doble imposición puede hacer que los beneficios tributarios otorgados en un territorio terminen favoreciendo la recaudación de otro. El problema, planteó, es que el Estado que resigna esos ingresos no siempre es el que recibe el beneficio económico de la inversión.
En el caso del RIGI, puso como ejemplo a las empresas radicadas en Estados Unidos. De acuerdo con su explicación, la ausencia de acuerdos de esa naturaleza puede permitir que las firmas aprovechen créditos fiscales en su país de origen por los impuestos que dejan de pagar en Argentina.
“Argentina hace una ficción, dice ‘no te voy a cobrar impuestos’, pero en realidad le da a las empresas un crédito fiscal que las empresas pueden transferir o vender y pagar los impuestos en Estados Unidos. Es una transferencia de recursos fiscales de un Estado a otro”, sostuvo.
El efecto del régimen de promoción en San Luis
El contador señaló que una situación similar puede ocurrir con el RIPEE. Como no existen convenios para evitar la doble imposición entre las provincias argentinas, advirtió que una empresa que invierte en San Luis puede obtener exenciones impositivas en la provincia y tributar en su distrito de origen.
“El fisco de San Luis le da exenciones impositivas a empresas que no tienen domicilio fiscal en San Luis”, remarcó.
Aunque reconoció que esas inversiones pueden generar puestos de trabajo, Zudaire puso en duda que el beneficio fiscal siempre se justifique por el empleo creado. “La exención que le doy por ahí supera la masa salarial de toda la empresa”, señaló.
Como alternativa, planteó que el Estado podría destinar esos recursos a otras políticas de generación de empleo, como la obra pública.
El costo de las exenciones y el empleo
Zudaire reclamó que se analice “cada peso del costo fiscal” destinado a estos programas. Para ilustrar el debate, recordó la promoción industrial y los cuestionamientos que recibían las exenciones otorgadas a las empresas.
El contador comparó aquel régimen con la situación actual y afirmó que el costo fiscal de la promoción industrial permitió generar 25.000 puestos de trabajo que todavía se mantienen.
Por último, defendió el papel de los impuestos para sostener los servicios públicos, aunque cuestionó la forma en que se diseñan y administran. “El impuesto es el costo de vivir en libertad. Sin impuestos no hay calles, no hay iluminación, no hay escuelas, no hay justicia”, expresó.
Y concluyó: “El problema es el diseño de los impuestos. Como los políticos son ineficientes y hay mucha corrupción, para gestionar la cosa pública cada vez se necesita más plata”.
