Tras la quiebra del Grupo Márquez, el abogado Pablo Piriz explicó que los damnificados de San Luis pueden iniciar acciones penales independientes al proceso civil. “Las acciones penales no se ven afectadas por la declaración de quiebra”, aseguró.
En este sentido, instó a quienes fueron engañados en San Luis a radicar denuncias penales: “Ya he recibido consultas de damnificados. Recomiendo iniciar las denuncias porque también permiten presionar para lograr acuerdos económicos”.
El Grupo Márquez y Asociados fue declarado en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N° 52 de Córdoba, bajo la conducción del juez Sergio Ruiz. La empresa enfrenta graves acusaciones por presuntas estafas a miles de familias en distintas provincias, entre ellas San Luis.
Piriz explicó que el proceso de quiebra busca liquidar los bienes de la empresa y sus socios: “Se pretende que todos los acreedores —desde el Estado, trabajadores, bancos hasta los consumidores— puedan recuperar algo de lo perdido”.
A pesar del escepticismo, aclaró que aún no se puede afirmar que nadie cobrará. “Es muy prematuro hablar de eso, aunque hay desconfianza porque desviaron el dinero de la gente hacia otros negocios y hasta sociedades en el extranjero”, dijo.
El juez que dictó la quiebra consideró que el modelo de negocio del Grupo Márquez era inviable desde el inicio.
“Usaban el dinero de nuevos clientes para tapar deudas de obras anteriores. Hicieron algunas, pero muchas familias quedaron fuera”, agregó el letrado.
Más de 30.000 damnificados serían las víctimas, según cifras que manejan tanto la justicia civil como penal, informó Piriz.
