La Cámara de Diputados de San Luis no tratará este miércoles el desafuero de Joaquín Beltrán, uno de los imputados en la causa por presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.
La Comisión de Legislación General, que debía analizar el pedido de la Justicia, no emitió dictamen, por lo que el proyecto no podrá llegar al recinto en la sesión de esta semana.
El pedido de desafuero lo presentó el Ministerio Público Fiscal, que busca que Beltrán quede a disposición de la Justicia. El legislador está imputado en una causa en la que la Fiscalía investiga un presunto perjuicio superior a $900 millones para la Administración Pública.
El oficialismo todavía no tendría los votos
Además del dictamen de comisión, el desafuero necesita el respaldo de dos tercios de los diputados presentes en el recinto.
Ese número, de acuerdo con el escenario actual, el oficialismo todavía no lograría reunir, otro de los factores que explican que el tratamiento haya quedado postergado.
La Comisión de Legislación General volverá a analizar el pedido la próxima semana y podría emitir entonces el despacho necesario para que sea tratado por el pleno de la Cámara.
Beltrán está imputado en la causa Molino Fénix
Beltrán es uno de los cinco imputados en la investigación por administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia y asociación ilícita.
La acusación ubica al diputado y a Anabela Lucero como presuntos jefes de la organización. Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres, en tanto, son considerados partícipes necesarios.
Lucero, Enzo Lucero y Scarel permanecen detenidos con prisión preventiva, mientras que Torres continúa en libertad.
Entre las maniobras investigadas aparecen presuntas contrataciones directas con empresas radicadas fuera de San Luis y el análisis de 116 cheques, de los cuales solo cuatro se encontraban en orden, de acuerdo con la acusación fiscal.
La investigación también contempla la presunta destrucción de registros contables y evidencia digital, incluido el borrado remoto de información de teléfonos celulares que estaban bajo custodia judicial.
El pedido de desafuero ingresó el 28 de agosto
En el caso de Beltrán, el juez Santiago Ortiz no dispuso una medida coercitiva debido a los fueros que protegen al legislador.
El magistrado indicó a la Fiscalía que debía solicitar su desafuero ante la Cámara de Diputados para que pudiera quedar a disposición de la Justicia.
El pedido ingresó formalmente el 28 de agosto y debía ser tratado en la sesión inmediata posterior a su incorporación al trámite legislativo. Sin embargo, la falta de dictamen de la Comisión de Legislación General impidió que avance este miércoles.
Por ahora, el tratamiento quedó postergado para la próxima semana, cuando la comisión vuelva a reunirse.
