El Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevas empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de las Islas Malvinas.
La medida fue comunicada este martes y lleva la firma del presidente Javier Milei, en el marco de la estrategia oficial para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos del Atlántico Sur.
Los procedimientos se apoyan en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades vinculadas con hidrocarburos en espacios marítimos e insulares argentinos sin autorización.
El Gobierno anticipó que avanzará por las vías administrativa, diplomática y judicial contra los actores alcanzados por la medida.
A quiénes alcanzan las sanciones
La ofensiva no apunta únicamente a las compañías que participan de los proyectos hidrocarburíferos. El procedimiento también contempla a personas físicas vinculadas con esas operaciones, incluidos directivos, inversores y representantes legales.
La normativa permite actuar contra quienes intervengan de manera directa o indirecta en la exploración, explotación o financiamiento de actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales por el Estado argentino.
De esta manera, la administración de Milei busca extender la responsabilidad a los distintos actores que participan de los emprendimientos que operan sin autorización argentina en la zona.
La decisión se suma a otra anunciada días atrás, cuando el Gobierno informó la apertura de procedimientos contra 45 empresas y personas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La respuesta al avance petrolero en Malvinas
Las nuevas sanciones forman parte de las medidas que el Gobierno anunció la semana pasada durante el mensaje que Milei brindó por cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas dentro de la agenda de seguridad y soberanía nacional.
En aquella oportunidad, el Presidente advirtió sobre el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación de petróleo offshore en aguas próximas al archipiélago.
El emprendimiento está a cargo de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y apunta a desarrollar un yacimiento de crudo en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona se realizan sin autorización argentina y contravienen el llamado de las Naciones Unidas a que Argentina y el Reino Unido se abstengan de realizar acciones unilaterales mientras continúa la disputa por la soberanía.
Una Base Naval Integrada y más recursos para Defensa
La política anunciada sobre Malvinas también contempla el fortalecimiento de las capacidades militares y estratégicas argentinas en el Atlántico Sur.
Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, priorice la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.
El objetivo planteado por el Gobierno es incrementar las capacidades del Estado para proteger los recursos naturales y los intereses soberanos argentinos en una región considerada estratégica.
Las nuevas sanciones, de esta manera, se inscriben en una política más amplia que combina medidas administrativas y judiciales contra las empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos con acciones diplomáticas y un mayor despliegue de capacidades de defensa.
El Gobierno volvió a remarcar que considera a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes como parte del territorio argentino y que continuará adoptando medidas para reafirmar ese reclamo.
