El Gobierno nacional consiguió un importante respaldo en la Cámara de Diputados al obtener dictámenes favorables para dos de sus proyectos estratégicos: el denominado Súper RIGI y el acuerdo de pago con fondos holdouts. La decisión se tomó este miércoles en plenarios de comisiones y abre el camino para que ambas iniciativas lleguen al recinto en las próximas semanas.
El oficialismo reunió el apoyo de bloques aliados y sectores dialoguistas, consolidando una mayoría legislativa para avanzar con medidas orientadas a captar inversiones de gran escala y resolver litigios internacionales vinculados a la deuda argentina.
Qué propone el Súper RIGI
El proyecto de Súper RIGI está dirigido a fomentar inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en actividades industriales, tecnológicas y de infraestructura digital consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.
La iniciativa contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de 30 años para los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos. Entre los incentivos se incluyen una reducción del Impuesto a las Ganancias, facilidades para importar bienes de capital y estabilidad normativa de largo plazo.
Durante el debate en comisión, el oficialismo aceptó modificaciones impulsadas por aliados parlamentarios. Entre ellas, se incorporó la obligación de destinar al menos el 20% de las adquisiciones a proveedores nacionales y se fortalecieron los incentivos para proyectos de investigación y desarrollo.
Cambios incorporados al proyecto
El dictamen final también sumó herramientas de control y transparencia. Se prevé la creación de un registro público de proyectos adheridos y la exigencia de informes técnicos sobre impacto ambiental, social y uso de infraestructura.
Además, se establecieron criterios más precisos para definir qué actividades podrán acceder al régimen, excluyendo ampliaciones o reconversiones de instalaciones ya existentes.
El acuerdo para cerrar litigios con holdouts
En paralelo, Diputados emitió dictamen para el proyecto que autoriza el pago a dos fondos holdouts vinculados a bonos en default desde la crisis de 2001. El acuerdo contempla desembolsos por 171 millones de dólares en total.
Los beneficiarios son los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund, que mantenían litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses. Según explicaron funcionarios del Gobierno, las negociaciones permitieron obtener reducciones sobre los montos originalmente reclamados.
Desde el Ejecutivo sostienen que la aprobación del acuerdo permitiría cerrar los últimos conflictos judiciales relevantes con acreedores externos y reducir el riesgo de nuevos intentos de embargo sobre activos argentinos.
Debate político y próximos pasos
Mientras los bloques oficialistas y aliados destacaron la necesidad de generar condiciones para atraer capitales y fortalecer la seguridad jurídica, sectores de la oposición cuestionaron el alcance de los beneficios previstos y advirtieron sobre posibles impactos en la industria nacional y la soberanía económica.
Con los dictámenes obtenidos, el Gobierno apunta a llevar ambos proyectos al recinto para su tratamiento en una próxima sesión de la Cámara de Diputados. La aprobación definitiva es considerada clave dentro de la estrategia económica impulsada por la administración nacional para captar inversiones y normalizar frentes abiertos en materia financiera internacional.
