(Desde Montevideo, Uruguay) – Antes de ser asesinado por su ex pareja, el empresario uruguayo Gonzalo Aguiar era investigado por la Fiscalía de su país por denuncias que antiguos socios le hicieron desde Canadá. El cierre de la planta de cannabis medicinal Boreal, en el departamento de Salto, motivó que los otros accionistas de este emprendimiento lo acusaran de apropiación indebida, estafa y falsificación de documentos.
Este escándalo judicial se convertiría en un caso mediático luego de la madrugada del lunes 26 de febrero, cuando Aguiar llegó a donde se alojaba su ex pareja Romina Camejo y fue asesinado a balazos por ella en legítima defensa –según la versión de la mujer–. Tras su muerte, se conocieron nuevos detalles de la vida de lujo y mentiras que llevaba el dueño de La Maison, una de las casas más grandes de Punta del Este valuada en USD 5 millones.
Aguiar había simulado en una ocasión un falso secuestro y contactó a actores que se hicieron pasar por amigos de él. En las redes sociales la pareja mostraba una vida de lujo, que incluyó una boda ficticia que costó más de USD 150.000 y que tuvo como invitadas a varias figuras del sistema político.
Esta fiesta ahora forma parte de la investigación penal por la acusación de estafa a Aguiar que lleva adelante la Fiscalía. Los abogados del principal accionista canadiense de la planta Boreal, Bruno Gaiero y Rodolfo Perdomo, se reunieron con el fiscal Gilberto Rodríguez para evaluar el futuro de la investigación, informó El Observador. Aguiar vivió varios años en Canadá hasta 2019, cuando retornó a su país para instalar el luego fracasado proyecto.
En ese encuentro, el fiscal le pidió a los abogados que consiguieran el video de la boda entre Aguiar y Camejo. Según la versión de los denunciantes, quien se hizo pasar por juez de paz para casar a la pareja fue uno de los colaboradores del empresario para montar la estafa que describen.
Los denunciantes aseguran que el casamiento en Uruguay fue falso porque Aguiar estaba casado en Canadá con Rozada Guadalupe Marroquín, una mujer de El Salvador que también forma parte de la denuncia presentada por delitos de estafa, apropiación indebida y delitos contra la fe pública. Tras la muerte del empresario, esta ex pareja reclamó el Lamborghini que fue incautado en Punta del Este.
Otro documento que el fiscal pidió conseguir es la filmación de una videollamada en la que Aguiar le presenta al principal accionista canadiense del emprendimiento, John Pollesel, a un supuesto funcionario de la Secretaría Antilavado de Uruguay. Se presume que quien participó de ese diálogo virtual es otro de los colaboradores del empresario Aguiar.
En llamadas y mensajes, otro colaborador de Aguiar se hizo pasar por un alto funcionario del estatal Banco República.
Durante su vida en Canadá, empresarios del sector minero comenzaron a charlar con Aguiar porque veían que en Uruguay había una oportunidad para invertir en el negocio todavía incipiente del cannabis medicinal. El uruguayo los convenció de que confiaran en él y le encargaran un proyecto para el que le dieron USD 27 millones. Sin embargo, el empresario asesinado solo utilizó USD 8 millones y, según la denuncia de los accionistas, el resto lo usó para fines personales.
Los accionistas canadienses comenzaron a dudar de Aguiar, lo destituyeron del cargo e intervinieron la empresa por un desfalco de más de USD 17 millones. Los denunciantes aseguran que Aguiar falsificó documentación del banco, donde tenía las cuentas de la firma, y que mandaba comprobantes de venta por 90 millones de euros, cuando eso era imposible porque la empresa de cáñamo recién empezaba a operar.
Los abogados de los denunciantes también le pidieron al fiscal que investigue al abogado de Aguiar, al asistente de un estudio jurídico, a la nuera del empresario y al personal del confianza de la empresa. Según esta versión, todas estas personas colaboraron en el fraude del empresario asesinado.
Fuente: Infobae
